El Ministerio de Salud y Protección Social rechaza y cuestiona el reportaje publicado por la revista científica The BMJ, firmado por el periodista freelance Luke Taylor, al advertir que presenta una narrativa sesgada y carente de rigor técnico sobre el sistema de salud colombiano, omite su crisis estructural histórica, utiliza fuentes sin sustento oficial y promueve conclusiones que no se apoyan en evidencia verificable ni en un análisis integral de política pública.
Bogotá D.C., 28 de enero de 2026. El Ministerio de Salud y Protección Social rechaza de manera categórica el contenido del reportaje How politics destroyed Colombia’s model healthcare system, publicado en The British Medical Journal (BMJ) y firmado por el periodista freelance Luke Taylor, al considerar que consolida una narrativa parcial, descontextualizada y carente de rigor técnico sobre la situación del sistema de salud colombiano, induciendo a conclusiones erróneas que no se sostienen en evidencia oficial ni en un análisis integral de política pública.
Aunque la publicación se difunde desde una revista de amplio reconocimiento internacional, es necesario precisar que no se trata de un artículo científico ni de una evaluación académica del sistema de salud, sino de un reportaje periodístico que carece de metodología verificable, uso sistemático de fuentes oficiales y balance analítico. Resulta cuestionable que un medio internacional que divulga investigaciones científicas, apruebe y publique artículos sin rigor técnico ni periodístico, sin contraste de fuentes y que claramente obedece más a intereses políticos y económicos que están en contra del actual Gobierno.
El reportaje induce al lector a creer que los problemas del sistema de salud colombiano —retrasos en la entrega de medicamentos, cierre de servicios hospitalarios, salas de maternidad y unidades neonatales— son consecuencia exclusiva del actual Gobierno. Esta afirmación desconoce de manera deliberada que se trata de una crisis estructural, acumulada durante más de tres décadas, asociada al modelo de intermediación financiera instaurado con la Ley 100 de 1993, el cual ha generado históricamente barreras de acceso, negación de servicios, demoras en autorizaciones y fallas en la atención oportuna, con impactos demostrables en la morbimortalidad evitable. Estas fallas han tenido resultados graves y documentados: el 19,7 % de las muertes evitables en Colombia son atribuibles a deficiencias del sistema de salud, según datos oficiales del Observatorio Nacional de Salud (ONS, 2023).
De igual forma, el documento presenta al sistema de salud colombiano como uno de los “mejores de América Latina” a partir de un análisis limitado a solo dos indicadores —cobertura de afiliación cercana al 99 % y gasto de bolsillo per cápita— citando publicaciones de The Lancet, sin considerar dimensiones esenciales como el acceso efectivo, la equidad territorial, la calidad de la atención, la resolutividad de los servicios ni la experiencia real de los usuarios. Este enfoque reduccionista resulta metodológicamente insuficiente y conduce a conclusiones engañosas sobre el desempeño real del sistema.
Llama especialmente la atención la defensa implícita de conglomerados privados como Keralty, citando de manera selectiva una orden de la Corte Constitucional relacionada con declaraciones del Presidente de la República, sin contextualizar los reiterados hallazgos fiscales, financieros y administrativos que han afectado a múltiples EPS a lo largo de los años. El reportaje omite, además, los informes de la Contraloría General de la República que documentan graves irregularidades y desvíos de recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), limitándose a construir un relato que exonera al modelo de intermediación privada de sus responsabilidades estructurales.
La publicación también evidencia una selección conveniente de fuentes y “expertos”, sin declarar de manera explícita los posibles conflictos de interés involucrados. Dichas fuentes no sustituyen ni pueden reemplazar la información de fuentes oficiales dado que esto conduce a conclusiones sesgadas, descontextualizadas y técnicamente débiles, impropias de un análisis serio de políticas públicas en salud. Resulta particularmente problemático que se otorgue un lugar central al relato de un supuesto experto que hace parte del equipo programático para el sector salud de una campaña presidencial, opositor activo a la reforma a la salud propuesta por el Gobierno del Cambio y miembro de iniciativas promovidas por gremios empresariales como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). La ausencia de transparencia frente a estos vínculos compromete la independencia del análisis y refuerza una narrativa alineada con intereses particulares.
El reportaje describe el sistema de competencia administrada basado en la UPC como un modelo ideal, argumentando que la contratación entre EPS e IPS impulsa la eficiencia a través de la competencia. Sin embargo, omite que este esquema ha incentivado prácticas de integración vertical, selección de riesgos, concentración del mercado y desatención sistemática de territorios rurales y dispersos, donde la lógica de rentabilidad financiera ha demostrado ser incompatible con la garantía del derecho fundamental a la salud.
Asimismo, se afirma de manera infundada que el Gobierno Nacional busca eliminar la empresa privada del sistema de salud y que estaría presionando la aprobación de la reforma mediante una supuesta crisis derivada de deudas acumuladas hasta 2022. Esta narrativa es falsa. Los proyectos de reforma discutidos en el Congreso y archivados por la Comisión Séptima del Senado garantizan expresamente la participación de prestadores públicos, privados y mixtos, así como la articulación público-privada, con el objetivo de corregir fallas estructurales de control, financiamiento y acceso, no de excluir actores.
El reportaje también acusa al Gobierno de usar poderes presidenciales para interrumpir pagos a las EPS y de intervenir de manera arbitraria a las dos entidades más grandes del país. Esta afirmación desconoce que las intervenciones realizadas por la Superintendencia Nacional de Salud se sustentan en causales legales claras, como el incumplimiento de indicadores financieros, deudas insostenibles con hospitales y clínicas, y altos niveles de quejas que ponen en riesgo la atención de millones de personas. Los decretos expedidos se enmarcan en competencias constitucionales y legales orientadas a garantizar la continuidad del servicio y el flujo oportuno de recursos.
En contraste con la narrativa del reportaje, el actual Gobierno ha realizado una inversión sin precedentes en el sector salud. Entre 2022 y 2026, los recursos del Presupuesto General de la Nación destinados al sector aumentaron en términos reales un 51,4 %, lo que representa 25 billones de pesos adicionales y un esfuerzo fiscal equivalente a 1,4 puntos del PIB, a precios constantes de 2025.
En el mismo periodo, se proyecta que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) acumuló un incremento real del 30,4%, equivalente a 22,9 billones de pesos adicionales, al pasar de 75,3 billones en 2022 a 98,2 proyectado a 2026.
De igual forma, se ha avanzado en la reducción de la brecha entre la UPC del régimen subsidiado y contributivo, con la equiparación de la prima pura. Para 2026, los valores se establecen en $1’541.706 y $1’658.912, respectivamente, luego de incrementos del 16,5 % en el régimen subsidiado y 9,03 % en contributivo.
En tres años y medio, el Gobierno ha invertido más de $10.1 billones en salud, permitiendo la puesta en marcha de más de 10.500 Equipos Básicos de Salud, 1.560 proyectos de infraestructura y dotación, la entrega de más de 1.414 vehículos de transporte asistencial, proyectos CAMAD, promoción social y fortalecimiento de servicios para poblaciones históricamente excluidas.
Resulta igualmente problemático el uso de casos individuales de supuesta falta de atención, presentados sin evidencia verificable, para defender la superioridad del sector privado, así como la afirmación de un aumento de la afiliación a la atención privada como consecuencia directa de la crisis, sin analizar los efectos de la segmentación, la capacidad de pago ni la exclusión que ello genera. De manera similar, se citan indicadores y declaraciones atribuidas a actores privados como Bloomberg sobre tiempos de espera y cierres de servicios, sin contrastarlos con fuentes oficiales ni con datos completos del sistema.
El documento se apoya además en el relato de un supuesto “académico”, para afirmar que la intervención de las EPS estaba destinada al fracaso y que las reformas no deben ser radicales, sin reconocer la diversidad de enfoques existentes en la academia ni los límites del modelo vigente. Se presenta, finalmente, la crisis financiera como una creación exclusiva del Gobierno, afirmando que las EPS reciben 100 pesos por cada 109 gastados, sin un análisis integral de las dinámicas históricas de financiamiento, los costos acumulados, ni los esfuerzos fiscales recientes para fortalecer la UPC y cerrar brechas entre regímenes.
El Ministerio de Salud y Protección Social rechaza la utilización selectiva de este tipo de reportajes en revistas científicas de alto nivel, dado que debilitan la confianza social y posicionan intereses políticos y de poder. La ausencia de fuentes oficiales y la no declaración explícita de posibles conflictos de interés en una publicación que pretende incidir en el debate público nacional e internacional, restringe de manera sustancial la validez técnica de sus conclusiones y le impide ser considerado evidencia académica para el análisis de sistemas de salud.
El debate sobre el sistema de salud es legítimo y necesario, pero debe darse con responsabilidad editorial, transparencia y rigor técnico.
En este sentido, este Ministerio hace un llamado a la contrastación de fuentes, la veracidad y la transparencia en los artículos relacionados con el funcionamiento técnico del sistema de salud colombiano para blindar toda información de intereses particulares como los evidenciados en el reportaje realizado por Luke Taylor, garantizar el uso de información oficial y evitar la instrumentalización de las revistas científicas para la construcción de narrativas políticas parciales. La ciudadanía y la comunidad académica merecen análisis completos, contextualizados y basados en evidencia, no relatos que distorsionan la realidad y debilitan la confianza en la salud pública y en el debate democrático informado.
Colombia tiene quien la cuide