Bogotá, 17 de enero de 2026. El Ministerio de Salud y Protección Social reitera que las medidas tributarias adoptadas mediante el Decreto Legislativo 1474 del 29 de diciembre de 2025, expedido en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, reflejan la decisión del Gobierno del Cambio, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, de poner la vida y la salud de la población en el centro de la política pública. La medida responde a una decisión plenamente constitucional, técnica y sustentada en evidencia científica.  

Dicha evidencia está orientada no solo a fortalecer las finanzas públicas en un contexto crítico, sino a proteger de manera efectiva la salud de la población colombiana. Estas medidas, en particular las contempladas en los artículos 15, 16 y 17 del Decreto, no son improvisadas ni coyunturales, sino el resultado de años de investigación, análisis comparado y seguimiento de las mejores prácticas internacionales en materia de salud pública y política fiscal. 

En consecuencia, el Ministerio de Salud aclara que los impuestos al alcohol, al tabaco, así como a sus derivados, sucedáneos e imitadores, constituyen una de las herramientas más costo-efectivas disponibles para los Estados al momento de reducir los efectos nocivos asociados al consumo de estos productos.

Se trata de una medida que genera beneficios simultáneos y comprobados: salva vidas, reduce la pobreza, disminuye la carga de enfermedad y fortalece el recaudo tributario necesario para avanzar en los objetivos de desarrollo y sostenibilidad fiscal del país. La evidencia acumulada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y múltiples organismos internacionales confirma que el aumento de precios a través de impuestos saludables modifica los patrones de consumo de las personas, especialmente entre poblaciones jóvenes y económicamente vulnerables. 

En el caso del tabaco, es preciso señalar que Colombia enfrenta un rezago significativo en comparación con otros países de la región de las Américas. El país mantiene uno de los precios más bajos de cigarrillos, ubicándose entre los cinco más baratos según datos del Observatorio Global de Salud de la OMS, con marcas que se comercializan por debajo de dos dólares internacionales, frente a un promedio regional de 5,1 dólares.  

Esta baja tributación ha incrementado la asequibilidad del producto, fenómeno que ha venido agravándose entre 2022 y 2024, facilitando el acceso especialmente entre niños, niñas y adolescentes. Los datos técnicos recopilados por este ministerio indican que cerca de 500 mil escolares en Colombia son usuarios de cigarrillos electrónicos, lo que evidencia una amenaza directa y creciente para la salud pública que exige respuestas firmes por parte del Gobierno.  

El fortalecimiento del impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, así como la incorporación de sus derivados, sucedáneos e imitadores, incluidos los dispositivos electrónicos de administración de nicotina, brinda una protección específica a la infancia y la adolescencia, reduciendo la probabilidad de inicio y continuidad en el consumo.  

Cabe señalar que las estimaciones técnicas evidencian que esta medida permitirá una reducción sustancial del consumo de cigarrillos, pasando de 409 millones de cajetillas de 20 unidades a 244 millones, y una caída significativa en el consumo de vapeadores, de 134 millones de mililitros a 67 millones. Estudios previos muestran que triplicar la tarifa de impuestos al cigarrillo puede salvar hasta medio millón de vidas gracias a la reducción sostenida del consumo. 

En cuanto al alcohol, la evidencia es igualmente contundente. El consumo de bebidas alcohólicas no aporta valor nutricional alguno y, por el contrario, constituye hoy el principal factor de riesgo de muerte entre personas de 15 a 49 años. Solo en 2019, cerca de 400 niñas, niños y adolescentes perdieron la vida en Colombia por causas atribuibles al alcohol. Aumentar los precios mediante impuestos saludables contribuye a prevenir el consumo en menores de edad, reduce el consumo intensivo, disminuye las enfermedades, lesiones y muertes asociadas, y genera impactos positivos en la equidad social. 

Las proyecciones técnicas recopiladas por este ministerio indican que estas medidas permitirán reducir el consumo específico de vino en un 20%, pasando de 31,5 a 25,2 millones de litros, y el consumo de bebidas espirituosas en un 16%, de 115 a 95 millones de litros, con efectos directos en la prevención de enfermedades, violencias y muertes evitables. 

El Ministerio de Salud enfatiza que los impuestos saludables ofrecen una doble ganancia en términos de política pública. Por un lado, actúan sobre el comportamiento del consumidor, reduciendo la prevalencia del consumo de productos nocivos, especialmente entre jóvenes y poblaciones de menores ingresos; y por otro, fortalecen el recaudo fiscal, generando recursos adicionales que pueden destinarse a la financiación de programas de salud, educación y otros servicios públicos esenciales, así como a la atención de la emergencia económica.  

Esta medida, además, es relativamente económica y viable de implementar, en comparación con los altos costos que representan las enfermedades no transmisibles asociadas al consumo de alcohol y tabaco. 

Frente a la oposición expresada por algunas autoridades territoriales ante la implementación de este decreto, el Ministerio de Salud aclara que esta decisión no busca poner en riesgo la autonomía territorial ni la destinación histórica de los recaudos departamentales.  

Tal como se ha establecido en reformas previas y en el propio Decreto, únicamente los ingresos adicionales generados por el aumento de las tarifas se destinan al Presupuesto General de la Nación, práctica que ha sido constante en los últimos quince años y que no afecta los recursos ordinarios de los departamentos destinados a salud, educación y deporte. Desconocer este hecho implica una lectura incompleta y descontextualizada de la norma. 

Asimismo, el Ministerio rechaza de manera categórica la narrativa que asocia el aumento de impuestos con un incremento del comercio ilícito. Múltiples estudios independientes, incluidos análisis publicados por el British Medical Journal y reportes del Banco Mundial, han demostrado que los impuestos no son el factor determinante del contrabando y que, por el contrario, esta narrativa ha sido históricamente promovida por las industrias del tabaco y del alcohol como una estrategia de interferencia en la política pública. Los impuestos saludables, lejos de debilitar al Estado, fortalecen su capacidad regulatoria y reducen las presiones financieras sobre el sistema de salud. 

Además, el consumo de alcohol y tabaco no solo genera costos sanitarios elevados, sino que también profundiza la pobreza, incrementa la inequidad de ingresos y de género, y afecta de manera estructural el desarrollo del país. Estos elementos han sido incorporados en la planeación estratégica nacional y responden a compromisos internacionales asumidos por Colombia en el marco de la agenda global para el abordaje de las enfermedades no transmisibles. 

Por ende, la adopción de estas medidas en el contexto de la emergencia representa una oportunidad para actualizar la política fiscal del país y alinearla con estándares internacionales frente a productos sabidamente nocivos y costosos para la salud. 

El Ministerio de Salud y Protección Social reitera que los impuestos saludables nos benefician a todos: reducen el consumo de productos dañinos, previenen el inicio del consumo en jóvenes, disminuyen la carga de enfermedad y las muertes evitables, reducen los costos del sistema de salud y generan recursos indispensables para sostener los servicios públicos.  

En un escenario de emergencia económica, estas decisiones no solo son necesarias, sino responsables y éticamente ineludibles. Proteger la salud de la población y garantizar la sostenibilidad del Estado es una obligación constitucional que el Gobierno del Cambio seguirá defendiendo con rigor técnico y compromiso social.

Colombia tiene quien la cuide