En el marco de la audiencia ante la Corte Constitucional sobre el presunto desacato relacionado con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el Ministerio de Salud y Protección Social aclara ante la opinión pública que el rubro NO es insuficiente y que, por el contrario, el sistema cuenta hoy con una financiación fortalecida, con un crecimiento real del 51,4% en el presupuesto del sector y del 28% en la UPC entre 2022 y 2026, equivalente a $21 billones adicionales en este valor. Sin embargo, este esfuerzo histórico del Gobierno del Cambio contrasta con el aumento de las deudas que tienen las EPS con hospitales, clínicas y trabajadores de la salud, así como con la persistencia de ineficiencias y recursos sin trazabilidad dentro del modelo de intermediación, lo que evidencia que la crisis no obedece a falta de recursos, sino a fallas en el modelo aseguramiento actual que impiden la garantía absoluta del derecho fundamental a la Salud de los colombianos.
Bogotá D.C, 13 de abril de 2026. En el marco de la audiencia técnica y judicial convocada por la Corte Constitucional para analizar el presunto desacato relacionado con el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue enfático en señalar que el sistema de salud colombiano no enfrenta una crisis por falta de recursos, sino por problemas estructurales en el uso del dinero y la pésima administración del modelo de intermediación actual.
“No es cierto que exista una insuficiencia de la UPC. Este Gobierno ha hecho un aumento histórico en este rubro”, afirmó el jefe de cartera, al tiempo que presentó evidencia técnica que respalda el crecimiento sostenido de la financiación del sistema en los últimos años.
Entre 2022 y 2026, la UPC reconocida pasó de $75,4 billones a $96,4 billones, lo que representa un crecimiento real del 28%, equivalente a más de $21 billones adicionales en tan solo cuatro años. Este incremento se suma al aumento del 51,4% en el presupuesto del sector salud, que equivale a cerca de $25 billones adicionales, consolidando el mayor esfuerzo fiscal del Estado colombiano en materia de salud en décadas recientes.
Pese a este incremento histórico de los recursos, el ministro advirtió que los problemas del sistema persisten y se profundizan debido a constantes falencias en el modelo actual de intermediación. Las deudas de las EPS con clínicas, hospitales, trabajadores de la salud y proveedores continúan en aumento, mientras que respetados organismos de control han identificado más de $15 billones de pesos sin trazabilidad clara dentro del sistema.
En ese sentido, Jaramillo cuestionó que el debate público se haya concentrado exclusivamente en la supuesta insuficiencia de la UPC, sin examinar de fondo lo que ocurre con los recursos una vez ingresan al sistema. “Si hay más recursos que nunca y el sistema sigue fallando, la pregunta no es cuánto falta, sino quién está fallando en su administración”, afirmó.
Durante su intervención, el ministro también desmontó uno de los principales argumentos utilizados por algunos sectores para justificar la necesidad de mayores recursos: el uso de indicadores de siniestralidad financiera. “La siniestralidad financiera no mide la suficiencia de la UPC, mide la eficiencia de las EPS”, explicó, subrayando que las pérdidas financieras de estas entidades no pueden atribuirse automáticamente a un déficit en la prima, sino que deben analizarse en función de su gestión del riesgo, sus costos y sus decisiones administrativas.
El jefe de cartera insistió en que continuar aumentando los recursos sin corregir las fallas estructurales del sistema sería ineficiente desde el punto de vista fiscal. “Sería como llenar un saco roto”, advirtió, al referirse a la necesidad de intervenir las causas profundas del desequilibrio.
Por lo anterior, el ministro hizo un llamado a que la Corte Constitucional amplíe el análisis más allá del valor de la UPC y examine el papel de la intermediación en el sistema de salud. Señaló que es en este nivel donde se concentran distorsiones como la asimetría de la información, la integración vertical, la ineficiencia en la gestión del riesgo y comprobadas desviaciones de recursos.
“El país no puede seguir discutiendo únicamente cuánto dinero se asigna al sistema, sino cómo se administra, quién lo gestiona y por qué no está llegando de manera oportuna y efectiva a los pacientes”, concluyó.
El Ministerio de Salud y Protección Social reitera su compromiso con la defensa del derecho fundamental a la salud, el uso transparente y eficiente de los recursos públicos y la transformación estructural del sistema. El Gobierno del Cambio continuará avanzando en acciones necesarias para que los recursos lleguen directamente a la atención de las personas, a los territorios y al fortalecimiento de la red pública y privada, garantizando equidad, oportunidad y dignidad en la prestación de los servicios de salud en Colombia.
Colombia tiene quien la cuide