Por: Mauricio Santa María

La Ley de Formalización y Generación de Empleo es una gran oportunidad para dinamizar la actividad empresarial y reducir, por fin, la informalidad y el desempleo. Está dirigida a crear, formalizar y darles sostenibilidad a empresas pequeñas dentro del objetivo del Gobierno de crear 2,5 millones de empleos y formalizar 500 mil.

Incluye varias medidas beneficiando a diversos tipos de empresas y personas. Hay incentivos para crear nuevas empresas y para que las informales se formalicen, junto con sus empleados. Otras medidas promueven la contratación, en empresas formales, de personas con problemas para conseguir empleo.

También se eliminan trámites laborales y comerciales, y se castigan formas precarias de contratación.

Más empresas, más empleo

Quienes comiencen una empresa con menos de 51 empleados y activos menores a 5.000 salarios mínimos no pagarán la matrícula mercantil en las Cámaras de Comercio en su primer año. Y en el segundo y tercer año se pagará sólo el 50 y el 75% de ese pago. Durante sus primeros cinco años, también pueden pagar de forma progresiva los aportes a cajas de compensación, al Sena, al ICBF y a la subcuenta de solidaridad en salud. En sus dos primeros años no pagarán y en los siguientes tres lo harán en proporción al 25, 50 y 75% de la tarifa establecida. Igual ocurre con el pago del impuesto de renta. Como se ve, no son estos incentivos menores para que las empresas se formalicen.

Esos tres beneficios también aplican para pequeñas empresas ya existentes operando sin registro mercantil o sin pagar seguridad social o el impuesto de renta. El enfoque en pequeñas empresas responde al grave riesgo de quiebra en sus primeros años de existencia. La evidencia muestra que de 100 creadas, sólo 25 sobreviven en el tercer año. Ahora las nuevas empresas tendrán más posibilidad de sobrevivir en la formalidad, creando nuevos empleos formales.

Más empleo, menos impuestos

Asimismo, hay beneficios para empresas que vienen operando formalmente, sin importar su tamaño y que aumenten el empleo. Si tienen el registro mercantil al día, pueden descontar del impuesto de la renta el valor de hasta 11 puntos de la nómina: aportes parafiscales (cajas de compensación familiar, Sena e ICBF), 1,5 puntos de aportes en salud y 0,5 puntos en pensiones, generados por contratar personas menores de 28 años; personas en situación de desplazamiento, en proceso de reintegración o en condición de discapacidad; mujeres mayores de 40 años sin contrato de trabajo en los 12 meses anteriores, y madres cabeza de familia en niveles 1 y 2 del Sisbén. También se obtiene el beneficio al contratar empleados que ganen menos de 1,5 salarios mínimos que coticen por primera vez a la seguridad social.

Menos trámites, más competitividad

Para mayor competitividad del sector productivo se eliminaron trámites laborales y comerciales. Ya no se requiere autorización del Ministerio de la Protección Social para acordar préstamos, anticipos, deducciones o compensaciones de salario de los trabajadores; tampoco para pagar en dinero hasta la mitad de las vacaciones ni para usar las cesantías en mejora o adquisición de vivienda.

No será obligatorio que el empresario vaya personalmente a la Superintendencia de Industria y Comercio, a las Cámaras de Comercio, a los juzgados o a las notarías para registrar signos distintivos, nuevas creaciones, actas, extractos o copias de las empresas.

No se pierden beneficios del Sisbén

Para quienes estén recibiendo algún subsidio (por ejemplo del ICBF o Familias en Acción), lo conservarán hasta  un año después de conseguir un contrato de trabajo, y en caso de estar afiliado al régimen subsidiado en salud, se mantendrá el cupo hasta por dos años. Mientras la persona sea empleada estará, por supuesto, afiliada al régimen contributivo.

Por otro lado, se sancionará hasta con 5.000 salarios mínimos a empresas que utilicen indebidamente personal de cooperativas de trabajo asociado en sus actividades misionales. Igualmente, las cooperativas podrán ser disueltas en caso de ejercer tales prácticas.

Con todas estas medidas, los empresarios y las personas desempleadas o informales tienen el terreno abonado para transitar por el camino de la formalidad y acceder a sus beneficios, como créditos baratos, nuevos nichos de mercado, mayor protección social, mejores ingresos, oportunidades de capacitación y más protección social, beneficios que en el mediano plazo se traducirán en una economía más competitiva y una sociedad más equitativa y próspera con sistemas de seguridad social sostenibles.