- La Mesa Intersectorial, conformada por el MinSalud, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General, el ICBF, el Consejo Superior de la Judicatura y la Defensoría de Familia, busca salidas a los problemas de salud mental entre población penal adolescente.

 

Bogotá, D.C., 3 de julio de 2013.- Con el objetivo de lograr la formulación de nuevas rutas que garanticen el derecho fundamental a la salud en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, el Gobierno Nacional evalúa nuevas salidas para la atención de los jóvenes con problemas de consumo de sustancias psicoactivas que tienen conflictos con la ley.
 
Aldemar Parra Espitia, Coordinador del Grupo de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas del Ministerio, planteó como reto de todas las instancias adscritas al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes hacer viable la articulación de los sistemas de justicia, salud y  bienestar familiar, para facilitar el acceso a los servicios de salud mental de esta población específica.
 
“Cada vez es más frecuente encontrar menores de 18 años con consumo de drogas. Por eso, este taller busca definir una ruta clara de atención del Sistema de Responsabilidad Penal para que nosotros, como autoridad sanitaria, facilitemos el acceso a los servicios de salud mental de aquellos adolescentes que tienen problemas con la ley”, destacó.

Parra Espitia manifestó que la Ley 1616 de 2013, sobre Salud Mental que está en proceso de reglamentación, responde, adicionalmente, a la Sentencia T-094 de la Corte Constitucional en la que se establece que el consumo de sustancias psicoactivas es un problema de salud pública.
 
En el taller participaron representantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Defensoría de Familia, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura, la Superintendencia Nacional de Salud, Gestarsalud, la Congregación de Religiosos Terciarios Capuchinos, entre otros.

Durante la sesión se informó que las ciudades donde los adolescentes tienen mayores conflictos con la ley son Medellín, Cali y Bogotá, al tiempo que se obtuvo una caracterización de la población de Responsabilidad Penal Adolescente y de Restablecimiento de 3.584 personas (740 mujeres y 2.884 hombres).
 
“Avanzar en la cualificación de los objetivos planteados en esta mesa intersectorial es importante, porque entre el 45 y el 50 por ciento de los adolescentes que entran al Sistema de Responsabilidad Penal cumple la mayoría de edad en cumplimiento de la sanción”, dijo Diana Herrera, de la Dirección de Responsabilidad Penal Adolescente del ICBF.
 
La representante del Bienestar Familiar describió que el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente está compuesto por jóvenes entre los 14 y 18 años - en el momento que cometen un hecho punible y también por los niños y niñas en restablecimiento que han tenido derechos vulnerados, amenazados o inobservados.
 
En el marco de la redefinición del sistema de salud colombiano, Parra Espitia destacó que se trata de una coyuntura importante ofrecida por la Ley Estatutaria recientemente aprobada por el Congreso de la República para visibilizar esta problemática y avanzar en un trabajo transectorial y dar cumplimiento al mandato de la salud como un derecho fundamental, que no puede discriminar a ningún grupo poblacional.