- La octava sesión de la Mesa Nacional de Conducta Suicida se centró en la atención de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Bogotá, 13 de junio de 2013.- El Ministerio de Salud y Protección Social, a través del Grupo de Salud Mental, adelantó la octava sesión de la Mesa Nacional de conducta suicida en el contexto de las víctimas del conflicto armado en Colombia.
Aldemar Parra Espitia, Coordinador del Grupo de Salud Mental del Ministerio, destacó la importancia de dar una respuesta intersectorial prioritaria a esta forma de violencia auto-infligida que muestra signos de crecimiento en el país, principalmente entre los jóvenes y adolescentes.
“Dentro de la población más vulnerable están las víctimas del conflicto armado y la posibilidad de suicidio entre ellos está más latente. Hoy estamos atendiendo la conducta suicida de las víctimas del conflicto en el marco de las competencias que la Ley de Víctimas le asigna al Ministerio de Salud y Protección Social.
Las víctimas, por su condición, se enfrentan a mayores riesgos frente al suicidio por lo que la atención psicosocial es prioritaria para el Ministerio”, dijo.
El Ministerio lidera desde 2011 la Mesa Nacional de conducta suicida, para coordinar la atención, prevención e investigación de esta clase de conductas tras el Primer Foro sobre Conducta Suicida que se desarrolló en el Congreso de la República en octubre de 2011.
Precisamente, Luz Adriana Narváez, representante de la Unidad para la Atención de las Víctimas expresó que “la Unidad ha comprendido, en las atenciones realizadas a las víctimas del conflicto armado, que la forma en que ocurre el suicidio es una representación del sufrimiento e historia de vida por lo que cada persona le otorga un significado y mensaje diferente. La comprensión del suicidio no puede ser generalizada sino que requiere de una interpretación contextualizada y compleja”.
La Mesa Nacional está compuesta, además, por entidades corresponsables como la Unidad para la Atención de las Víctimas de Presidencia de la República, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, la Defensoría del Pueblo, investigadores y representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).