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Ministerio de Salud y Protección Social

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"Si hay que intervenir EPS, así se hará": Beatriz Londoño

Ministerio de Salud y Protección Social > "Si hay que intervenir EPS, así se hará": Beatriz Londoño
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Por: Diana Calderón / Especial para El Espectador
La ministra de salud pidió al superintendente del ramo reforzar control para evitar que recomendados de políticos terminen como interventores.

  
¿Qué está haciendo el ministerio para solucionar ese problema del sistema de información en el sector de la salud?
Estamos haciendo varias cosas: la primera es que para tener una identificación plena de los ciudadanos que están dentro del sistema general de seguridad social en salud, se ha iniciado un cruce con las bases de datos de la Registraduría. Hoy tenemos una reunión con el registrador en la Presidencia de la República; esto nos llevará a tener unas bases de datos sincronizadas y en espejo. Para el primero de julio tendremos mejor información en las atenciones que se prestan a las personas, tanto en hospitales como en EPS.
La segunda es que las entidades territoriales empiecen a reportar de mejor manera la información. Pero lo primordial no es que la información se consiga sino que sea analizada.
 
Pasemos a las EPS y al tema de intervenciones. La Contraloría ha dicho que el Gobierno no tiene la capacidad para solucionar los problemas económicos de SaludCoop y va a terminar devolviéndola a los que la tenían.
El Gobierno, a través de la superintendencia, se propuso intervenirla para garantizar la administración. La EPS tiene unas deudas importantes con la red hospitalaria que no eran reveladas. El interventor está liquidando activos que no tenían una designación para salud y busca pagar con esos recursos, pero la intervención sigue vigente. En este momento, de acuerdo con el análisis de la superintendencia y del interventor mismo, se presentó una auditoría forense para consideración de los organismos de control, y lo más importante es garantizar el servicio a los afiliados.
 
¿Por qué las reformas no tocan los temas fundamentales, como el lucro excesivo que tienen las EPS, la intermediación y la corrupción que se está presentando?
La reforma que sacó el Gobierno hace casi año y medio con el Congreso de la República, buscaba tres objetivos. Primero, asegurar que el sistema mejorara aspectos de orden financiero; segundo, privilegiar la información para la calidad, y tercero, una mayor satisfacción con equidad.
Volviendo al punto que menciona sobre el lucro, la base fundamental es que si bien las entidades privadas tuvieron un margen, es fundamental que toda la información esté sobre la mesa, que se tenga claridad sobre todas las operaciones, cómo están constituidas las EPS y sus juntas directivas, la relación de los indicadores que se deben expedir y que deben hacerse públicos, para que no haya corrupción. Lo que el Gobierno quiere privilegiar es un buen aseguramiento, con ciudadanos que estén satisfechos, donde el manejo de los recursos sea transparente.
 
¿Cómo se puede explicar que si el Gobierno intervino a las EPS en el último año se duplicaron las quejas por faltas en el sistema de salud? ¿Pasaron de 65 mil a 122 mil reclamaciones?
Más o menos el 35% de lo que llega a la superintendencia son solicitudes específicas por una queja, por un reclamo, por una petición, entonces a mí no me parece malo que los ciudadanos tengan dónde quejarse. Lo importante es que las quejas se resuelvan y que las EPS las respondan de manera precisa.
Y a responder con la Ley Antitrámites. Muchas no están cumpliendo con la asignación de citas en los tiempos que exige la norma.
La Ley Antitrámites define tres días para medicina general. Todavía no está definido para medicina especializada porque es parte de un estudio para establecer unos procedimientos adecuados, y creo que allí deben cumplir de manera precisa. Si por alguna circunstancia, una EPS no tiene la posibilidad de asignar una cita en tres días, debe reportarlo.
 
¿Quién escoge a los interventores en el caso de las EPS?
La superintendencia dio una lista de interventores que ellos generan a partir de convertirlos en elegibles, pero es un tema que estamos revisando con la superintendencia porque consideramos que todo el régimen de intervenciones debe ser valorado para ver si está aportando o generando valor para los ciudadanos.
 
¿Sabe usted si algunos de estos interventores son recomendados políticos, cercanos a congresistas de la U?
Ésa es una de las razones por las cuales estamos analizando, y así se lo he manifestado al señor superintendente. Hay que hacer revisiones en general, no porque sean cercanos a un partido o a otro, sino porque las intervenciones deben ser de tipo técnico.
 
Se ha demostrado que Caprecom carece de capital de trabajo y que no tiene el margen de solvencia, y que además continúan las prácticas de corrupción...
Caprecom tiene grandes dificultades, pero opera en unos municipios donde nadie más está. Hay un nuevo director. Tiene 3,3 millones de afiliados, atiende gente muy pobre, pero tiene restricciones que el lunes 9 de abril revisaremos con los viceministros, el director de Caprecom y un equipo del ministerio. Recibiremos de primera mano un plan de mejoramiento que el director debe concluir el miércoles de esta semana.
 
En diciembre la CRES instruyó al minsalud para reglamentar “en breve” que las EPS le pasaran a las IPS el incremento a la UPC de las EPS contributivas y subsidiadas. ¿No le preocupa que las EPS ya se hayan llevado a sus arcas ese incremento en los tres primeros meses de este año?
Tenemos un proyecto de decreto muy avanzado para generar un balance mayor en las relaciones contractuales entre las EPS y los prestadores de servicios. Hay unos hospitalarios y hay unos de mayor nivel de complejidad. Está próximo a expedirse, con la revisión técnica correspondiente.
 
¿Por qué un medicamento en Colombia puede costar 30 veces más que en Alemania? Le doy un ejemplo: el Ramipril de 5 mg cuesta en Colombia $9.000 la tableta y en Alemania $300.
Estamos en el desarrollo de una política nacional farmacéutica, con apoyo internacional. Estamos haciendo una referenciación internacional de medicamentos en el mismo punto de la cadena y con las mismas presentaciones comerciales. Hay que diferenciar entre compras públicas y privadas; queremos estar seguros de que compramos lo adecuado. A finales de abril tendremos un análisis más riguroso. Hay unos 1.400 medicamentos que ya tienen algún tipo de control. Otros tienen control directo porque pasaron al POS. Cuando los medicamentos son monopolizados y de alto costo, se puede hacer algún tipo de intervención. No se trata de intervenir por intervenir, pero sí asegurar que los medicamentos tengan racionalidad en el costo para el sistema, y que sean de buena calidad, seguros y oportunos.
 
Hace más de un año el presidente Santos anunció un fraude en el sector salud y hoy hay 4 o 5 capturados. ¿No avanzan las investigaciones?
El ministerio ha estado entregando información a los organismos de control correspondientes. Hay investigaciones en curso, inclusive en la Fiscalía, y estamos seguros de que están avanzando en varios frentes.
 
En el Invima, por ejemplo, se encontró en septiembre del año pasado ‘gemeleo’ de registros sanitarios...
En el rediseño del Invima lo que se ha planteado es un mejor sistema de información de cara al público, para informar en qué está una solicitud de registro y quiénes están solicitándola. Esto no sólo le da transparencia al solicitante sino también a cualquier otra persona que quiera observar el proceso.
 
¿Usted ha usado Revertrex?
No.
 
¿Qué hacer para que la gente no se deje engañar y no se repita lo que ha pasado con este producto?
La publicidad es una herramienta formidable, pero puede ser compleja si no se tiene información adecuada, y en ese sentido entra en vigencia el estatuto del consumidor. La Superintendencia de Industria y Comercio garantiza de manera más amplia que eso no se repita. Y en cuanto al Invima, siempre hemos considerado que debe buscarse una definición muy precisa de criterios, antes que la discrecionalidad de un funcionario o un servidor público.
 
Juan Gossaín planteaba la semana pasada que a los médicos no les pagan en Colombia o que ganan muy poquito. ¿Qué pasa con esa situación?
En estos años la población cubierta en salud ha pasado del 23% al 96%. Pensamos que la idoneidad profesional es lo que puede garantizar que tengan una práctica más satisfactoria; que las EPS, las entidades territoriales y los hospitales reconozcan la importancia del médico en el sistema de salud.
Lo segundo son las formas de remuneración. Pueden darse por resultados y no por consultas. Así lo hacen otros países. Lo que es claro es que en Colombia se ha privilegiado la medicina especializada y tenemos que volver a la general. Si hablamos de atención primaria en salud, de aumentar la capacidad resolutiva, estamos buscando que los costos no sean exclusivos. Hay que combinar la educación médica: que ayuden las universidades y apoyen |estos procesos; pero también valoremos lo que significa el médico dentro de la sociedad.
 
Algunas voces opinan que el sistema de salud fracasó y que hay que recuperar el anterior. ¿Usted qué opina?
El sistema tiene dificultades, pero ha hecho avances. Tenemos dificultades en el flujo de recursos, que es lo más notorio para la mayoría de las personas. Sin embargo si a usted le ordenan hoy una cirugía que vale $15 millones , usted no tiene que sacrificar su ingreso para ser cubierto. La protección del sistema en general es una protección creciente que permite que las personas con más bajos recursos puedan estar cubiertas, pero volver a lo que teníamos antes es devolvernos a que sólo la cuarta parte de la población tenga seguridad social…
Devolvernos a lo que teníamos a finales de los 80, un sistema nacional de salud donde la prestación de servicios para la gente de bajos recursos era sólo en hospitales públicos, en los cuales no había ni implementos, donde la gente tenía que llevar los insumos.
 
¿En qué avanza la salud en Colombia?
“Hemos avanzado en cobertura —asegura la ministra—, la cobertura requiere un acceso efectivo, y parte de este proceso es en lo que el gobierno del presidente Santos está comprometido y en el que estamos convencidos de que hay oportunidades de mejorar. En abril el país va a comenzar a tener por primera vez indicadores específicos, retroalimentando a los afiliados, a lo largo y ancho del país, no importa si es en la Guajira o en el Amazonas, en el Chocó o en el Vichada. Esto significará que los colombianos podremos conocer mejor a nuestra EPS y tener mejor información, para poder tomar mejores decisiones”.
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