​Bogotá, febrero 23 de 2023. Colombia vive un proceso sin precedentes en su historia: durante los últimos años ha sido el principal país de paso de una diáspora de 7,1 millones de venezolanos que han decidido salir de su país de origen para establecerse en otros lugares y el punto de acogida de al menos 2,5 millones de estas personas, según ACNUR. En un país que no ha tenido hasta ahora una tradición de inmigración, este hecho se convierte en un gran reto en términos de salud pública y requiere una labor muy decidida de las instituciones para evitar la discriminación y garantizar los derechos de esta población.

No obstante, es muy poco lo que se sabe sobre las condiciones de salud de las personas migrantes que han llegado de Venezuela y solo hasta ahora empiezan a verse iniciativas para identificar las problemáticas que enfrentan tanto por su estatus migratorio como por la manera en que han llegado al país y los peligros a los que se han expuesto durante este proceso. Al respecto, hoy en Bogotá se presentaron los resultados de la "Encuesta bioconductual sobre el VIH, la sífilis y el estado de salud de los venezolanos que viven en Colombia", una iniciativa desarrollada por la Red somos y la Universidad Johns Hopkins de forma con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social.

Es este el primer estudio de salud sexual y reproductiva con el que se cuenta en nuestro país alrededor del fenómeno y que muestra valiosos resultados de cara a la labor de quienes deben cuidar la salud de todas las personas que residen en el territorio nacional.

Para el viceministro de Salud Pública, Jaime Hernán Urrego, se trata de "un estudio muy pertinente, con una metodología muy innovadora" que permitió desarrollar la investigación directamente de la mano de las personas migrantes que fueron voluntarias y sus resultados serán de gran utilidad para "actualizar la política de salud sexual y reproductiva del país" y hacer posible que la xenofobia y otras formas de discriminación dejen de ser un obstáculo para que todos quienes viven en territorio colombiano, sea cual sea su país de origen, tengan acceso a servicios de salud donde se detecten de forma temprana, diagnostiquen adecuadamente y traten con las mejores tecnologías disponibles estas enfermedades.

"¿Por qué estamos presentando una reforma a la salud? Lo que queremos resolver es la garantía del derecho a la salud para toda la población en el país, sea migrante o de acogida. El acceso debe ser gratuito para todos: el dinero no debe ser una barrera para acceder a los servicios de salud. En el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual es sustancial que haya un modelo preventivo y predictivo como el que se está proponiendo", afirmó el funcionario.

Respecto al estudio, Kathleen Page, investigadora de la Universidad Johns Hopkins, destacó la importancia del estudio indicando no solo que se hizo en medio de las dificultades derivadas de los confinamientos a causa de la pandemia de la COVID-19 sino que logró combinar esfuerzos de entidades de diversa naturaleza en "un modelo de colaboración entre la academia, las entidades de salud pública y las organizaciones de la sociedad civil", lo que permitió un acercamiento con la población migrante que otras lógicas de investigación no hubieran permitido.

En este sentido, Miguel Barriga, director ejecutivo de la Red Somos, destacó que la población migrante proveniente de Venezuela no participa fácilmente de un estudio de esta naturaleza por las mismas circunstancias en que se ha dado la migración y la exclusión que en general sufren quienes han decidido pasar la frontera para establecerse en Colombia. De las 6.221 personas participantes de la encuesta, aproximadamente el 86% no cuenta con un empleo formal y un 92% afronta inseguridad alimentaria, es decir, no come sino una o dos veces al día, y "cerca del 8% de venezolanos migra por razones de salud y, de estos, 7% lo hace por condiciones asociadas al VIH", indicó, agregando que por lo menos 18.000 personas que podrían estar viviendo con el virus no han tenido acceso a diagnóstico.

Esto se agrava con la xenofobia y la irregularidad migratoria. El estudio muestra que un 47% de los migrantes venezolanos ha experimentado estigmas o discriminaciones, lo cual también se vive a la hora de buscar atención en salud, y que las personas con estatus migratorio irregular corren con un 70% menos de probabilidades de lograr la supresión vírica del VIH, es decir, de controlar de forma definitiva el virus y la enfermedad que este produce, respecto a quienes están regularizados. Al respecto, el viceministro Urrego aseguró que es necesario "garantizar el acceso a tratamientos, diagnóstico y acompañamiento para la población migrante" y que el Ministerio de Salud está decidido a trabajar en este sentido.

La encuesta muestra que la exclusión sufrida por los migrantes venezolanos es un factor clave para contraer la enfermedad, que tiene una prevalencia de 0,9% entre las personas participantes mientras en el país la cifra es de 0,5% según ONUSIDA.