Mocoa, viernes 21 de abril de 2023. El viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Jaime Urrego Martínez, hizo un análisis del estado actual del sistema de salud pública en el país, señaló algunas de las causas que lo han hecho ineficiente e inoperante, y llamó la atención sobre la urgente necesidad del cambio del sistema, en desarrollo de la audiencia pública sobre la reforma al sistema de salud llevada a cabo en el coliseo del barrio Las Américas.

"Desde 2011 a hoy, advirtió, tan solo en el Putumayo han cerrado 230 prestadores privados de servicios de salud y otros 85 públicos, porque las EPS no les pagaron sus servicios. ¿Ustedes saben el esfuerzo que significa montar un laboratorio o un consultorio para después cerrarlo? En las zonas rurales, en los barrios más pobres de Mocoa, Puerto Asís, La Hormiga o Caicedo no hay cómo tener acceso para que la gente reciba un servicio cerca de donde está viviendo", sostuvo Urrego.

Ante un auditorio que contó con más de 800 ciudadanos, el viceministro reveló que solo en 2019, cerca de 130 mil mujeres embarazadas no tuvieron más de cuatro controles prenatales, teniendo en cuenta que se requieren nueve durante el período de gestación; y reveló que 30 mil maternas no tuvieron ningún control. Más adelante, el funcionario preguntó los asistentes: "si hay un respaldo desde la ley y el Estado para atenderlas, ¿por qué no tuvieron la asistencia que necesitaban?"

Situación crítica

El funcionario dijo también que se debía hacer un trabajo mancomunado entre la sociedad y el Estado para sacar adelante la reforma y así "dar los pasos necesarios para garantizar el derecho fundamental a la salud".

A su turno, el representante Jhon Freddy Valencia recalcó que era la primera vez que el gobierno nacional "tomaba en cuenta a la población del Putumayo" para escuchar sus observaciones sobre la reforma estructural a la salud.

Entre tanto, el superintendente de salud, Uhlay Beltrán, expresó su preocupación por el estado de los indicadores de la salud en el Putumayo, en franco deterioro, como el hecho de que se han detectado "447 casos de desnutrición y las cifras van en aumento".

"En un esfuerzo nunca antes hecho -alertó-, el actual Gobierno del presidente Gustavo Petro, liderado por la ministra Carolina Corcho y sus viceministros, incrementó el valor de la UPC en 16.23% en los regímenes contributivo y subsidiado, para mejorar la calidad de los servicios a los afiliados.

La ley para todos

Beltrán continuó diciendo que "estamos en el cuarto mes del año y las EPS, que debieran incrementar el valor de esos contratos para la vigencia 2023, no lo han hecho. Pareciera que en algunas regiones del país las normas están excepcionadas de cumplirse". Y luego informó que en menos de 15 días "habrá una intervención en el departamento, con todas las delegadas de la superintendencia".

"Acabamos de emitir una directiva en la que ratificamos que es de obligatorio cumplimiento esa norma y que las EPS deben trasladar los recursos asignados a los hospitales públicos y a las clínicas privadas, y que tienen plazo hasta el 30 de abril".

Por citar un ejemplo en ese sentido, la alcaldesa encargada, Marisol González, se refirió a la deuda por 9 mil millones de pesos que tiene la IPS Emssanar con el hospital municipal y que "pone en riesgo la prestación del servicio si no se actúa a tiempo". Además, se refirió al grave estado de la salud mental en el departamento por la presencia de habitantes de calle, altos indices de violencia intrafamiliar, los innumerables problemas en toda la población por las secuelas de la avalancha, el confinamiento por el Covid y los problemas de orden público".

FIN