​Bogotá D.C. 7 de diciembre de 2022 – El Ministerio de Salud y Protección Social dio alcance al requerimiento formulado por la procuradora delegada Diana Margarita Ojeda Visbal, que en oficio fechado el pasado 2 de diciembre se dirigió a los integrantes de la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento en Salud, detallando una a una las acciones que adelanta la cartera en su condición de rectora de la comisión y en el interés de proteger y garantizar al derecho fundamental a la salud, así como los recursos destinados para ello. 

En relación con los recursos destinados a la liquidación de la Unidad de Pago por Capitación - UPC-, la cartera sostiene que los aspectos técnicos bajo los cuales se ha proyectado ésta permiten concluir que no se ha generado crisis alguna que impacte la sostenibilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud, toda vez que se considera que la metodología adoptada recoge múltiples factores que afectan la estructura de costos del sistema. 

En la respuesta, se precisa que la construcción de dicha metodología se estructura con base en la información reportada por las mismas EPS, lo cual hace que el proceso cumpla con parámetros técnicos de confiabilidad, considerando que la gestión de la información es un proceso estructurado tendiente a la verificación de la calidad y cobertura, así como la conformación de la base de datos y retroalimentación de la información. 

Así mismo, precisa que el cálculo de la UPC se realiza en función del perfil epidemiológico de la población relevante, de los riesgos cubiertos y de los costos de prestación del servicio en condiciones medias de calidad, tecnología y hotelería. Justamente, el porcentaje se prevé mediante actos administrativos que expide este Ministerio con fundamentó en criterios técnicos cuyos resultados se muestran dentro un documento denominado “Estudio de Suficiencia”, según las condiciones de sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud para el año siguiente a dicho estudio, el cual se efectúa con información del año anterior, reportada por las EPS. Dichos estudios de suficiencia, elaborados para cada vigencia, se encuentran publicados para consulta de los actores del Sistema y la ciudadanía en general, en la página web del Ministerio a través del siguiente link: 

https://www.minsalud.gov.co/salud/POS/Paginas/unidad-de-pago-por-capitacion-upc.aspx

Por lo demás, el documento destaca que el objetivo central del análisis actuarial de tarifas es fijar un nivel de prima que sea suficiente para cubrir las obligaciones establecidas en el contrato de seguros, dado que el sistema se encuentra en un esquema de aseguramiento público y colectivo la prima que se fija por el gobierno conocida como UPC tiene la finalidad de garantizar las tecnologías y servicios de salud definidos en el correspondiente acto administrativo, cuya prestación y gestión de riesgo se encuentra a cargo de las aseguradoras (EPS). Se trata de un seguro, que obliga a estas entidades a responder por los costos asociados a una posible siniestralidad futura (es decir cualquier atención requerida durante el ciclo de una enfermedad que va desde la promoción hasta la paliación pasando por el diagnostico, tratamiento y rehabilitación) y que son desconocidos al momento de fijar la tarifa, lo cual implica la necesidad de utilizar metodologías actuariales apropiadas para estimar la prima, utilizando modelos prospectivos.

En el segundo aspecto abordado en la respuesta al ministerio público, la cartera de salud aclara que el proceso de asignación realizado por la Dirección de Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones contempla que los afiliados con patologías de alto costo y madres gestantes con sus respectivos grupos familiares, sean separados del resto de la población objeto de la asignación. Esto, para que siempre se asignen en proporción al número de afiliados con que cuenta la EPS receptora, incluidos los asignados en el respectivo proceso; se busca proteger a estos afiliados en las EPS receptoras certificadas por la Superintendencia Nacional de Salud, con los mejores indicadores y la solidez necesarios para mantener el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.

Sobre el COVID 

Al dar respuesta al tema de los efectos derivados del Long-Covid, que demandan para diversas patologías mayor frecuencia de uso en los servicios, el Ministerio de Salud precisó que, a la fecha, en el país no hay estudios que demuestren que los efectos del COVID-19 hayan transformado el perfil epidemiológico de la población. Así mismo, señala que se debe diferenciar el concepto de “correlación” y el de “causalidad”, dado que no toda enfermedad relacionada con temas cardiacos, circulatorios o neurológicos significa que sea causa o efecto de otra. 

En este sentido, la cartera sostuvo en su comunicación a la delegada que el término “condiciones posteriores a la COVID” es una expresión general empleada al hablar de la amplia gama de consecuencias para la salud física y mental experimentadas por algunos pacientes que están presentes cuatro o más semanas después de la infección por SARS-CoV-2, incluidos los pacientes que tenían síntomas iniciales leves o asintomáticos durante la infección aguda. 

Tras recoger los últimos avances y análisis de la OMS y centros especializados de investigación, el documento enviado al ministerio público asegura que la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) ha requerido respuestas rápidas de los sistemas de atención médica y las redes de investigación a nivel mundial. Aunque se ha recopilado y analizado una gran cantidad de datos completos sobre los síntomas agudos y post agudos, así como del tratamiento clínico, actualmente no existe una medición exacta de la carga de la enfermedad post COVID a nivel mundial, dado que los estudios de seguimiento de las poblaciones afectadas requieren al menos de dos años para realizar los cálculos respectivos de carga de enfermedad principalmente por las secuelas a nivel pulmonar derivadas de la neumonía organizativa que produce la neumonía viral post COVID.

Con más de 640 millones de casos confirmados de COVID-19 globalmente, los riesgos de las condiciones posteriores a la COVID-19 afectan a millones de personas en todo el mundo, por lo que es una prioridad en el campo de la investigación. Aunque la vacunación a gran escala puede eventualmente conducir a una disminución en el número de casos de COVID-19, con el aumento en el registro, la pandemia está lejos de terminar, sostiene la cartera de salud.

Existe una necesidad urgente de consenso sobre los resultados básicos de importancia crítica que se medirán en la condición posterior a la COVID-19. El uso consistente de los resultados más importantes en los estudios y la práctica clínica es esencial para comparar y cotejar los hallazgos de la investigación con la traducción a recomendaciones clínicas para el cuidado del paciente. 

De los presupuestos 

En cuanto al señalado déficit por Presupuestos Máximos 2021 y 2022; el Ministerio de Salud y Protección Social reveló que para la vigencia 2021 se evidenciaron inconsistencias que llevaron a profundizar el análisis de los registros reportados por las EPS, de manera que se creó un procedimiento desde cero orientado a responder si los comportamientos crecientes del reporte de entregas de tecnologías en salud y servicios estaban acordes con la literatura, recomendaciones autorizadas y evidencia científica. 

Estas entregas son insumo necesario para el ajuste de 2021, y para el cálculo de toda la vigencia 2022, en el caso de las tecnologías que continúan financiadas con presupuesto máximo en 2022. 

Dado este proceso, se tenía claro que no se podían asignar todos los recursos tanto de la vigencia 2022, como del ajuste de 2021, hasta tanto no se finalizara dicha revisión. Esta situación fue considerada en las Resoluciones 1318 y 1408 de 2022, que conllevaron a la asignación total para todas las tecnologías que no fueron objeto de revisión. Y, por otra parte, una asignación parcial –en algunos casos– para las tecnologías que si fueron objeto de revisión. Es así como, esta asignación parcial conduce a reconocer que se debe realizar otro ajuste adicional para las EPS que tienen tecnologías en revisión y que no han sido reconocidas aún.

De acuerdo con la definición metodológica de la revisión, cada registro con alerta, detectado por el Ministerio, es aclarado por cada EPS. Una vez se tiene la respuesta aclarada, se realiza un barrido registro a registro de dichas aclaraciones y se clasifican en “consistente” y en “No consistente”. Con respecto a los registros “No consistentes”, este Ministerio realizó reuniones y a su vez entregó los insumos necesarios a la Superintendencia Nacional de Salud – SNS –teniendo en cuenta que es la entidad competente para ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control sobre el particular. 

Sin embargo, de acuerdo con las observaciones expuestas por la SNS, se considera prudente conceder una nueva oportunidad de aclaraciones, para que las EPS vuelvan a ejercer su derecho a la defensa y contradicción, y así posteriormente, definir en qué casos efectivamente se requiere la intervención de la SNS, o incluso de otro ente de control; y de esta manera, con todos los registros consistentes, expedir los actos administrativos que reconozcan los recursos faltantes tanto para la vigencia 2021 como para la 2022.

Escasez de medicamentos

Finalmente, para responder el llamado de la Delegada en relación con la escasez de medicamentos, el ministerio articuló las acciones del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA- así como su rol de rector del sector salud, en su condición de encargado de desarrollar mecanismos para la implementación de la política farmacéutica, de insumos y dispositivos médicos a nivel nacional con el fin de garantizar el suministro oportuno de medicamentos a quienes lo requieran. 

Así las cosas, el Ministerio recordó a la Procuraduría que el desabastecimiento de medicamentos obedece a un fenómeno mundial, e impacta de manera negativa a la población. La respuesta indica que esta situación es ocasionada por múltiples factores (algunos de ellos derivados de la pandemia por la COVID 19) que incluyen la coyuntura actual en materia de comercio internacional, la dependencia hacia este y la especialización de algunos países en la producción de ingredientes activos y en general de materias primas para la producción de medicamentos. 

En este orden de ideas, precisa que Colombia no es ajena a dicha problemática y, en efecto, en los reportes más recientes realizados por los titulares de los registros manifiestan que se han presentado problemas en la cadena logística a nivel internacional; entre estos, se encuentra la crisis de contenedores, el cierre prolongado de puertos internacionales, limitaciones para acceder a insumos críticos del proceso de producción y problemas en la adquisición de materia prima.

Ahora bien, con el objetivo de mitigar los problemas de escasez y/o desabastecimiento que sean identificados, en lo corrido de los últimos tres meses el Ministerio ha hecho seguimiento a la disponibilidad de medicamentos en un trabajo conjunto con el INVIMA mediante la búsqueda de los titulares de los registros sanitarios de medicamentos con riesgo de desabastecimiento. 

Así mismo, ha analizado al sistema de información de precios de medicamentos (SISMED) para determinar la participación en el mercado de cada uno de los titulares identificados y ha entablado comunicación con éstos para establecer el estado real de la situación de abastecimiento y las posibles acciones que puedan realizar para evitarlo; entre ellas el aumento de la producción o importación de los medicamentos. 

Adicionalmente, consolidó la información suministrada por los convocados hasta priorizar un total de 30 medicamentos los cuales pueden ser consultados en el enlace: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/listadomedicamentos-priorizados28102022.pdf 

De igual manera, el Ministerio ha reunido en mesas de trabajo a los actores involucrados en la cadena de suministro de medicamentos con el fin de identificar las causas y plantear soluciones. Entre estos se encuentran representantes de ACEMI, GESTAR SALUD, ASOCOLDRO, ASINFAR, AFIDRO, ARI, AMCHAM, ASCIF, Cámara farmacéutica de la ANDI, Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos, Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios, Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, FENALCO, Asociación Colombiana de Clínicas y Hospitales, Veeduría Nacional de Salud e INVIMA.

 Además, detalla al Ministerio Público la organización de mesas de trabajo con la Asociación de Oncólogos Pediatras en el marco del comité asesor de cáncer infantil, la Asociación Colombiana de Infectología, la Asociación Colombiana de Radiología, la Superintendencia Nacional de Salud al igual que de forma independiente con varios actores de la industria y gestores farmacéuticos (Colsubsidio, Vertex, CSL Bering, Biopas Group, Asociación de Medicina Nuclear, Asinfar, Tecnofarma, Takeda, Vesalius Pharma, Procaps, Shott, Peldar).

Complementario a lo anterior, se adelantan reuniones periódicamente con el Invima para hacer seguimiento a estos trámites que permitan definir el estado de los procesos en algunos casos y la priorización de trámites que contribuyan a la solución de la problemática cuando se requiera. 

Por lo demás, MinSalud afirmó su vocación de trabar en el desarrollo del Sistema de Monitoreo, alertas tempranas y gestión del abastecimiento que permita el seguimiento de la disponibilidad de medicamentos y dispositivos médicos y la generación de alertas tempranas sobre la escasez de los mismos. 

Al concluir su respuesta, la cartera agradeció las observaciones expuestas y la disposición para participar en diálogos constructivos frente a los diferentes temas del Sistema.