Barranquilla, 3 de marzo de 2023. Desde la nueva sede del coliseo cubierto Sugar Baby
Rojas, la ministra Corcho hizo un llamado a un gran pacto social con la oposición política
para salvar la vida en Colombia. Igualmente, invitó a la prensa a elevar el debate y a realizar
una labor pedagógica sobre la reforma. “Que la ciudadanía, que apoya o se opone, tenga
argumentos para hacerlo”.
Durante el evento público participaron los representantes por el Pacto Histórico, Pedro
Flórez y Agmeth Escaf; el representate liberal, Dolcey Torres; y los congresistas por el
partido Comunes, Germán Gómez y la emblemática líder social -sobreviviente del genocidio
de la UP- Imelda Daza.
A su vez, Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, denunció las
pérdidas por más de $80 mil millones de pesos en el Hospital Universitario Metropolitano
de Barranquilla, y la situación de precariedad en la que viven trabajadores de la salud y sus
familias.
Por su parte, el superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, invitó a los congresistas a actuar
de modo responsable con el pueblo colombiano: “Enfrentan el momento de la verdad, en
el que deben justificar la confianza que miles de colombianos depositaron en ustedes para
llegar al legislativo”.
Les recordó que están frente a la oportunidad histórica de cristalizar un sueño válido,
legítimo, que ha significado luchas y vidas humanas por el sistema de salud que nos
merecemos y no el que hoy padecemos. Llamó a la tranquilidad, frente al proyecto de ley
339, asegurando que con esta reforma se pretende romper la inequidad y garantizar el
pleno acceso de todos al sistema.
Para Beltrán es el momento de dar, en términos respetuosos, un debate sobre verdades y
no sobre mentiras. “Desde el discenso se puede lograr un consenso que nos permita
garantizar y proteger la vida de todos los colombianos. El Gobierno está dispuesto a
escuchar”, aseveró.
“La vida es un bien superior”
En su intervención, la ministra hizo un llamado a la reflexión, tanto de la prensa como de la
oposición: “Estamos hablando de un bien superior, que es la vida, y ello no admite
polarización ni pugnacidad”.
Y continuó su exposición aclarando que “el centro aquí no es Carolina Corcho ni como habla
Carolina Corcho, el centro es el pueblo colombiano y el articulado radicado en el Congreso
de la República”. Para ella es fundamental darle altura al debate y evitar que se degrade
con el ataque a una mujer en ejercicio de la función pública.
De igual forma, reconoció aspectos positivos de la ley 100, como el aseguramiento de la
población, aunque también dijo que como producto de esa misma normativa los recursos
se entregaron a particulares para su manejo. El resultado: concentración de capacidad y
servicio en alguna zonas rurales, olvidando a la mitad del pueblo colombiano. “El pacto que
habíamos hecho indicaba que éramos iguales en derechos y estábamos solidariamente
financiados, pero no se cumplió”, afirmó.
En un mapa sobre la inequidad en el acceso a servicios básicos, Corcho evidenció que medio
país carece de atención de urgencias, salas de parto y medicina general. “La OCDE afirma
que la mayor tasa de mortalidad infantil está en Colombia, cuando los colombianos del
régimen contributivo habíamos entregado los recursos para que hechos así no sucedieran.
La mortalidad materna sí se puede evitar”.
La funcionaria también sostuvo que el sistema de salud cuenta hoy día con los suficientes
recursos para dotar de puestos de salud, con un enfoque primario, predictivo y preventivo,
a esos 600 municipios que carecen de ellos. Asimismo, dijo que “se podrían reabrir las salas
de maternidad, cerradas por falta de rentabilidad financiera, cuando no hay nada más
rentable que garantizar la vida”.
Si no hay reforma, por efecto dominó se acaban las EPS en cinco años
Con respecto a las EPS, la jefa de la cartera dijo que de 150 que iniciaron sobreviven 28 y
que, la mayoría, se encuentra en fase terminal. Por eso, aseguró que el proyecto de reforma
plantea dar oportunidad a las que funcionan y cumplen con los parámetros de calidad,
servicio y transparencia administrativa, a fin de que puedan aportar al nuevo sistema de
salud.
“Allí donde cuentan con centros de atención, pueden seguir brindando servicios y se les
pagaría. Todos los pagos se realizarían de manera directa a través de la ADRES, para lo cual
esta entidad requerirá de una mayor tecnología que le permita contar con un sistema de
información pública que facilite la veeduría ciudadana y hacer seguimiento a las
transferencias y pagos a clínicas y hospitales”, aseguró.
Al cierre de su intervención, la ministra se refirió al capitulo de transición, incluido dentro
del proyecto de reforma, que habla de la gradualidad requerida para la implementación del
nuevo sistema.
Una vez más fue enfática al afirmar que durante este proceso de transición nadie estará
desprotegido. Los derechos ganados con tutela, los tratamientos de alto costo, los
medicamentos y todos los servicios en general seguirán garantizados a toda la población.
Los planes complementarios y de medicina prepagada seguirán operando normalmente,
dentro del sistema público, mixto y privado que se fortalecerá con la reforma a la salud.