​Barranquilla, 3 de marzo de 2023. Desde la nueva sede del coliseo cubierto Sugar Baby Rojas, la ministra Corcho hizo un llamado a un gran pacto social con la oposición política para salvar la vida en Colombia. Igualmente, invitó a la prensa a elevar el debate y a realizar una labor pedagógica sobre la reforma. “Que la ciudadanía, que apoya o se opone, tenga argumentos para hacerlo”.

Durante el evento público participaron los representantes por el Pacto Histórico, Pedro Flórez y Agmeth Escaf; el representate liberal, Dolcey Torres; y los congresistas por el partido Comunes, Germán Gómez y la emblemática líder social -sobreviviente del genocidio de la UP- Imelda Daza.

 A su vez, Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, denunció las pérdidas por más de $80 mil millones de pesos en el Hospital Universitario Metropolitano de Barranquilla, y la situación de precariedad en la que viven trabajadores de la salud y sus familias.

Por su parte, el superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, invitó a los congresistas a actuar de modo responsable con el pueblo colombiano: “Enfrentan el momento de la verdad, en el que deben justificar la confianza que miles de colombianos depositaron en ustedes para llegar al legislativo”.

 Les recordó que están frente a la oportunidad histórica de cristalizar un sueño válido, legítimo, que ha significado luchas y vidas humanas por el sistema de salud que nos merecemos y no el que hoy padecemos. Llamó a la tranquilidad, frente al proyecto de ley 339, asegurando que con esta reforma se pretende romper la inequidad y garantizar el pleno acceso de todos al sistema. 

Para Beltrán es el momento de dar, en términos respetuosos, un debate sobre verdades y no sobre mentiras. “Desde el discenso se puede lograr un consenso que nos permita garantizar y proteger la vida de todos los colombianos. El Gobierno está dispuesto a escuchar”, aseveró.

 “La vida es un bien superior”

En su intervención, la ministra hizo un llamado a la reflexión, tanto de la prensa como de la oposición: “Estamos hablando de un bien superior, que es la vida, y ello no admite polarización ni pugnacidad”. 

Y continuó su exposición aclarando que “el centro aquí no es Carolina Corcho ni como habla Carolina Corcho, el centro es el pueblo colombiano y el articulado radicado en el Congreso de la República”. Para ella es fundamental darle altura al debate y evitar que se degrade con el ataque a una mujer en ejercicio de la función pública.

De igual forma, reconoció aspectos positivos de la ley 100, como el aseguramiento de la población, aunque también dijo que como producto de esa misma normativa los recursos se entregaron a particulares para su manejo. El resultado: concentración de capacidad y servicio en alguna zonas rurales, olvidando a la mitad del pueblo colombiano. “El pacto que habíamos hecho indicaba que éramos iguales en derechos y estábamos solidariamente financiados, pero no se cumplió”, afirmó. 

En un mapa sobre la inequidad en el acceso a servicios básicos, Corcho evidenció que medio país carece de atención de urgencias, salas de parto y medicina general. “La OCDE afirma que la mayor tasa de mortalidad infantil está en Colombia, cuando los colombianos del régimen contributivo habíamos entregado los recursos para que hechos así no sucedieran. La mortalidad materna sí se puede evitar”. 

La funcionaria también sostuvo que el sistema de salud cuenta hoy día con los suficientes recursos para dotar de puestos de salud, con un enfoque primario, predictivo y preventivo, a esos 600 municipios que carecen de ellos. Asimismo, dijo que “se podrían reabrir las salas de maternidad, cerradas por falta de rentabilidad financiera, cuando no hay nada más rentable que garantizar la vida”. 

Si no hay reforma, por efecto dominó se acaban las EPS en cinco años 

Con respecto a las EPS, la jefa de la cartera dijo que de 150 que iniciaron sobreviven 28 y que, la mayoría, se encuentra en fase terminal. Por eso, aseguró que el proyecto de reforma plantea dar oportunidad a las que funcionan y cumplen con los parámetros de calidad, servicio y transparencia administrativa, a fin de que puedan aportar al nuevo sistema de salud. 

“Allí donde cuentan con centros de atención, pueden seguir brindando servicios y se les pagaría. Todos los pagos se realizarían de manera directa a través de la ADRES, para lo cual esta entidad requerirá de una mayor tecnología que le permita contar con un sistema de información pública que facilite la veeduría ciudadana y hacer seguimiento a las transferencias y pagos a clínicas y hospitales”, aseguró. 

Al cierre de su intervención, la ministra se refirió al capitulo de transición, incluido dentro del proyecto de reforma, que habla de la gradualidad requerida para la implementación del nuevo sistema. 

Una vez más fue enfática al afirmar que durante este proceso de transición nadie estará desprotegido. Los derechos ganados con tutela, los tratamientos de alto costo, los medicamentos y todos los servicios en general seguirán garantizados a toda la población. Los planes complementarios y de medicina prepagada seguirán operando normalmente, dentro del sistema público, mixto y privado que se fortalecerá con la reforma a la salud.