Bogotá, (D.C.), 28 de noviembre de 2018.- En la sesión de comisiones séptimas conjuntas de la Cámara de Representantes y Senado, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Iván Darío González Ortiz, reiteró la necesidad de tener una Superintendencia Nacional de Salud con mayor poder sancionatorio e invitó a los parlamentarios a impulsar el proyecto de ley 198 de 2018. 

González Ortiz señaló durante su intervención que en 111 días del gobierno del Presidente Iván Duque Márquez se trabaja para cumplir con las expectativas de salud de los colombianos y dar sostenibilidad al sistema. 

Aseguró que la estrategia Ai hospital llegó a siete de los ocho hospitales priorizados, se consiguieron recursos por cerca de $ 800 mil millones de pesos para cubrir la Unidad de Pago de Capitación y se sigue trabajando en el fortalecimiento de la salud de los colombianos por encima de todo. 

Sin embargo, destacó que todo este esfuerzo será en vano si la Supersalud no tiene mayor capacidad de acción. “Tenemos que corregir el rumbo del sistema de salud para avanzar en equidad. No obstante, no tenemos los instrumentos que necesitamos para cumplir esa triple meta y por eso requerimos una Superintendencia sólida, fuerte y con dientes”, dijo. 

Y replicó que esa será una forma para hacer justicia de manera rápida y eficaz con el paciente como centro de una mejor atención por parte del sistema de salud. 

“Estamos haciendo cosas para fortalecer nuestro marco y no habrá grandes avances si la Supersalud no está fortalecida”, enfatizó. 

También destacó que el proyecto de Ley 090 es otra de las prioridades del Ministerio de Salud y Protección Social  porque busca promover la transparencia en el manejo de los recursos del sector. 

“Este es un mensaje de urgencia por el clamor de los colombianos para tener herramientas más contundentes. El Congreso le ha cumplido históricamente al país y esperamos contar con este nuevo instrumento”, puntualizó.

De ser aprobada, esta ley le permitirá a la Superintendencia Nacional de Salud, entre otras cosas, remover a gerentes que afecten los recursos del sistema e inhabilitarlos hasta por 15 años para ocupar cargos públicos. De igual forma, imponer sanciones pecuniarias a personas naturales y jurídicas que van entre los 2.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLV) y hasta 8.000 SMLV respectivamente.​