Bogotá, 06 de marzo de 2023. Durante un taller con periodistas sobre la inversión contemplada en la propuesta, el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, aseguró que el modelo propuesto en el proyecto de ley que está por iniciar su trámite en el Congreso permite al país solucionar, tanto los problemas acumulados durante tres décadas de vigencia de la Ley 100 de 1993 como transformar el sistema de forma que pueda garantizar el derecho a la salud a todas las personas que residen en Colombia. 

El viceministro reconoció que el actual modelo ha permitido un amplio cubrimiento en términos de vinculación al sistema, pero que tiene una deuda histórica con una gran parte de quienes habitan el territorio nacional que no reciben una atención adecuada o no pueden acceder a los servicios básicos de salud. 

El funcionario aseguró, además, que “hoy tenemos cerca de un 99% de población cubierta, pero también una gran brecha en términos de acceso, aquí hay una gran inequidad”. Y agregó que la reforma a la salud busca “reconstruir por completo la capacidad que se ha perdido y asegurar el acceso de todas las personas que residen en Colombia”. 

En este sentido, Félix Martínez, director de la ADRES, planteó que por esta razón se busca “evolucionar progresivamente a un sistema de pagador único […] con una inversión poderosa en atención primaria para garantizar el acceso y la equidad”. 

Destacó enseguida que los cálculos del Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional muestran que los escenarios para los próximos años se proyectan positivos en la financiación del sistema y no tendrían por qué abrir ningún tipo de hueco en las finanzas del Estado. Esto, porque la reforma tributaria le entregará importantes recursos al Sistema General de Participación, que garantizarán más de 16 billones de pesos para la salud en 2024, que irán en aumento hasta completar 28 billones de pesos en 2033, lo que hace al modelo propuesto perfectamente manejable en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

Respecto a los gastos en contingencias no incluidos en la reforma tributaria -que se calculan en 4,7 billones de pesos no atribuibles a la propuesta presentada ante el Congreso- y al saneamiento del déficit financiero de los hospitales públicos, el viceministro Martínez señaló que se trata de algo de lo que todos los gobiernos tienen que ocuparse y “esto debe hacerse con o sin reforma”; y puntualizó que solo para este año el Presupuesto General de la Nación destinó 1,5 billones de pesos a la construcción de infraestructura hospitalaria. 

En adición, y en consonancia con el rumbo que el Gobierno Nacional ha decidido darle a los recursos de la salud, el Ministerio de Hacienda definió asumir el 50% de este déficit, de forma que los entes territoriales puedan hacerse cargo de la otra mitad. 

Asimismo, el funcionario indicó que, previo a la presentación de esta reforma, la Corte Constitucional ya había dispuesto la dignificación laboral del personal de la salud, por lo cual el Estado debe cumplirles a los trabajadores y trabajadoras, y que los recursos para ello deben asegurarse. “Se trata de una decisión política para el cumplimento de una obligación” y con ello se está previniendo un alto riesgo jurídico que puede equivaler a varias veces el dinero necesario para implementar una reforma como esta”, agregó.