Bogotá D.C, 20 de febrero de 2023. Ayer, durante un foro académico organizado por la
Universidad Nacional, la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho, destacó
que la Reforma, que se encuentra hoy en trámite en el Congreso, “tiene que ver con un
derecho fundamental, con el bien superior de la vida de los ciudadanos colombianos”, y
con la manera en que el Estado lo garantiza y hace realidad, puesto que “el sistema de
salud se volvió un instrumento de la inequidad” y esto debe resolverse.
No obstante, destacó que existe en Colombia un ambiente enrarecido para este debate
público, pues muchos asuntos pueden ser confusos para la ciudadanía y por esto es
necesario que se hable de la Reforma de manera integral, sin desinformaciones,
basándose en la situación real del sistema de salud y en lo que hay que mejorar para
cumplirles a los colombianos y colombianas.
La ministra destacó que los colombianos “pagamos a las EPS, anualmente, por administrar
el sistema, 6,6 billones de pesos” y que “este es un sistema que pone mucha plata en
recursos públicos, con muy malos resultados en salud pública”.
Según la funcionaria, es necesario mejorar un sistema que “se especializó en el cuidado de
la enfermedad, no en la prevención, pero aún allí tiene problemas y barreras de acceso
ampliamente reconocidas” que derivan en que los dineros no se aprovechen de forma
eficiente y, además, que los pacientes sean atendidos de manera tardía cuando, en
muchos casos, ya no queda nada qué hacer y los tratamientos son más costosos.
Enseguida, la jefa de la cartera añadió que “el año pasado hubo más de un millón de
reclamos a la Superintendencia de Salud por inatención y que, entre estos, había 350.000
colombianos suplicaban por su vida”. Por cifras como la que se menciona, la ministra
lideró la presentación de una reforma que ofreciera soluciones claras a los problemas del
modelo de atención y aseguramiento reorganizando la manera en que se emplea el dinero
que ya se tiene: “Hay una Colombia que no está en el siglo XXI y este sistema tenía los
recursos suficientes para que esto no pasara”; esos dineros representan más de un 6% del
PIB de Colombia.
Seguimiento a los dineros
Respecto a la discusión sobre la transparencia en el manejo de los recursos, la titular de
salud desmintió que fueran a pasar a manos de alcaldes y gobernadores o de la clase
política regional, y recordó que durante tres décadas de administración de los mismos por
particulares no han sido pocas las ocasiones en que el actual sistema permitió que los
dineros de la salud terminaran en manos criminales. A su vez, lamentó que hoy no existan
mecanismos de fiscalización para que la ciudadanía controle lo que pasa con esos
presupuestos que pertenecen a la salud.
Por esto, Corcho aseguró que “estamos proponiendo corregir un diseño institucional
proclive a la corrupción” y reemplazarlo por un sistema de administración pública de los
recursos concentrado en la ADRES. Dijo que este fondo debe pagar directamente a
hospitales y clínicas, y tener un claro sistema de pesos y contrapesos en la toma de
decisiones para evitar abusos: “Estamos proponiendo la transparencia y no la corrupción”,
añadió.
Durante su intervención, Corcho Mejía aclaró también las razones del Gobierno para
presentar el proyecto ante el Legislativo para su trámite como ley ordinaria. Teniendo en
cuenta lo anterior, aseguró que esta propuesta no busca cambiar la Constitución sino que,
“en sentido estricto, es una reforma a la Ley 100, a la 1122, a la 1438, que son leyes
ordinarias […] es una ley ordinaria que desarrolla los contenidos de la ley estatutaria [1751
de 2015]”, que consagra el derecho a la salud como un derecho fundamental.
Desde la academia
Las declaraciones de la ministra se dieron en el marco del primero de cuatro foros
académicos organizados por la Universidad Nacional sobre la reforma a la salud. Estas
actividades se realizarán de forma conjunta con la discusión que se adelanta en el
Congreso y reunirán a investigadores, profesionales de la salud, estudiantes y pacientes en
torno al análisis de los elementos centrales de la iniciativa.
En cuanto a temáticas, además de las relaciones entre la actual propuesta y la Ley
Estatutaria, se espera que pueda debatirse sobre las condiciones de trabajo del personal
de la salud, la gestión primaria integral en los territorios y la administración de los
recursos a nivel nacional. De acuerdo con Fernando Galván, decano de Medicina de la
Universidad Nacional, “este es un tema inherente a la salud de todos los colombianos, por
eso, la invitación que hacemos es a participar activamente en una discusión informada, a
leer el proyecto […] y a una construcción colectiva […] para mejorar las falencias que el
actual sistema de salud posee”.
Por su parte, el profesor Mario Hernández, coordinador del Doctorado en Salud Pública de
la Universidad, señaló que “es muy importante que esto se analice a fondo, sin prejuicios
sino más bien entendiendo cuáles son los problemas que tiene el sistema actual de
seguridad social en salud y ver si la propuesta que está haciendo el Gobierno realmente
logra resolverlos […] A nuestro juicio, creemos que da pasos muy importantes para
garantizar el derecho fundamental a la salud”.
En estos momentos el proyecto de reforma a la salud se encuentra en manos de la
Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, donde se le asignará ponente, y se
espera que en los próximos días se aborde el primero de cuatro debates sobre la iniciativa.