Bogotá, 13 de marzo de 2023. Ante un auditorio de más 800 personas, representantes de las secretarías departamentales y municipales de salud, la ministra de Salud y Protección Social, Carolina Corcho Mejía, explicó en líneas generales el proyecto de reforma a la salud, sus principales ejes para la transformación (atención primaria, gestión pública de los recursos públicos y dignificación laboral) y los desafíos que tiene por delante para convertirse en Ley de la República.

Evolucionar. Esta es la apuesta del Gobierno Nacional frente al sistema de Salud, fortalecer los avances positivos, corregir lo que no funciona y avanzar en la realización plena del Estado social de derecho que define para Colombia la Carta Política de 1991. "Todos los sistemas de salud en el mundo cambian, mejoran, evolucionan y se adecúan a las nuevas realidades. Tenemos que superar la década de los 90 y ubicarnos en el siglo XXI", aseguró la ministra.

La ministra Corcho afirmó que la creación de una Comisión de los determinantes sociales de la salud (DSS) busca orientar la política pública en metas específicas esenciales para la vida como el acceso al agua de calidad, salubridad, soberanía alimentaria y ambiente sano; todo ello, como parte esencial de una verdadera política de inclusión social.

Los DSS son aquellas circunstancias que influyen en el desarrollo de la vida cotidiana de las personas y determinan el nivel de salud. La acción multisectorial frente al deber de superar las inequidades y ausencia de garantías en atención primaria, es fundamental para alcanzar la evolución del sistema que propone el Gobierno Nacional.

Atención primaria. Se fundamenta en la solidaridad social, la equidad, el acceso y la universalidad del servicio en condiciones de respeto y dignidad. El proyecto busca garantizar una respuesta eficiente en los territorios, tanto para evitar la enfermedad y las muertes prevenibles, como para cumplir con un mandato constitucional y ejecutar la ley 1751 de 2015 que se propuso, desde una perspectiva integral de la salud, brindar prestación de servicios y tecnologías enfocados en la prevención, la atención y la rehabilitación.

Además del cubrimiento y la universalidad, es necesario garantizar el acceso y la atención oportuna. "Los niños que murieron en La Guajira estaban asegurados". El 46% de los casos de mortalidad prevenible y evitable se han dado en niños y adultos asegurados.

Como complemento, la ministra afirmó que en el 56% de los municipios la población de la zona rural no tiene acceso a servicios de salud; 633 carecen de sedes de salud y 183 sólo cuentan con una sede. "Del total de 20.328 sedes de IPS, apenas 1.964 (el 9.7%) están en zonas rurales y 18.364 en zonas urbanas. Y 953 municipios dependen exclusivamente de la oferta pública".

Gestión de los recursos. La atención primaria se puede implementar sin trauma fiscal alguno. La configuración de la prestación de los servicios en los territorios, el número de prestadores, la población objetivo y los gastos de funcionamiento para el componente primario, indican que la financiación exige un redireccionamiento de capitales bajo una política que garantice transparencia. "A través de una concurrencia de recursos se logrará su financiación", indicó la ministra.

Sobre el funcionamiento y futuro de las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios -EAPB-, afirmó que aquellas que se ajusten a los parámetros de territorialización y construcción de centros de atención primaria; seguirán operando.

Todos los ciudadanos estaremos adscritos a un centro de atención primaria y tendremos la posibilidad de elegir el sitio al cual accederemos para la atención de mediana y alta complejidad. "Hoy esta libre elección no la garantiza el sistema vertical de las EPS".

Asimismo, se ha previsto que cada Centro de Atención Primaria en Salud (CAPS), cuente con una unidad administrativa que referencie el traslado a otra unidad de diferente complejidad, adjudicando la cita correspondiente y facturando a la ADRES como pagador único.

El primer paso para el desarrollo de esta apuesta es la construcción de los CAPS en los territorios, lo cual supone valorar los recursos existentes, contratar el suficiente el personal de salud -debidamente cualificado- y, finalmente, contar con el apoyo del sector educativo.

"Próximamente haremos el anuncio de matrícula cero con la ministra de Educación, para generar becas en salud pública en zona dispersa rural", anunció Corcho.

Gestión pública de los recursos públicos

La ministra indicó que la propuesta al Congreso se refiere a la modificación de las fuentes de financiación. No se trata de costos adicionales, sino de redireccionar los que ya están adjudicados para la Atención Primaria en Salud (APS), formalización del personal, vacunas, tamizaje, desplazamiento, todo está debidamente cuantificado y tendrá un carácter gradual en los próximos años.

"Vamos a desburocratizar los recursos públicos a través de un pagador único. Hoy se giran a 28 burocracias, donde se pierde control en su manejo, que se va en pagos, contratación, proveedores, sin inspección, control ni vigilancia".

En cuanto a la ADRES, ya no podrá ser pagador ciego de recursos, será ordenador del gasto, cosa que nunca había hecho; pero así también es como se garantiza la mayor eficacia y la seguridad y rentabilidad hospitalaria en varios países del mundo.

"No se trata de una política de estatización de los recursos"; explicó la jefe de la cartera de salud, "proponemos un modelo tripartito, como hacen los estados modernos, en el que la junta directiva la integran la empresa privada, el gobierno y los trabajadores en igual proporción".

En el marco de la territorialidad, Corcho se refirió a la interculturalidad y al deber de incorporar los saberes tradicionales al nuevo modelo logrando que mejoren los indicadores, las condiciones y la atención oportuna. Entre los saberes que mencionó destacó la partería, reconocida por la sentencia T-128 de la Corte Constitucional como valor ancestral y patrimonio cultural de la nación.

El tercer elemento de la reforma se refiere a la dignificación de los trabajadores y profesionales de la salud. Superar la tercerización, garantizar la formalización laboral con contratos que permitan estabilidad e incentiven la labor en los territorios de la Colombia profunda, es la apuesta.

La ministra considera que resolver el manejo de los recursos, garantizando el pago directo, permitirá el oportuno flujo de capital hacia hospitales y centros de atención, lo que asegurará remuneraciones salariales a tiempo y en la proporción adecuada, considerando el valor del cuidado y defensa de la vida.

Sobre las nuevas medidas a implementarse para la formalización del talento humano, la ministra aseguró que, para el cumplimiento de las nuevas disposiciones, cada año se presentará un informe ante las comisiones séptimas del Congreso de la República.

Al final de su intervención, la ministra se refirió con alarma a la naturalización de las quejas y reclamos que presentan los ciudadanos, vía acción de tutela, para que se garantice su derecho fundamental a la salud.

"Más de 400 mil colombianos estaban en riesgo de perder su vida cuando elevaron sus reclamos ante la entidad correspondiente. Estas cifras, a decir de la ministra, confirman que hay una crisis innegable en el sistema y que esa crisis atenta contra los derechos fundamentales de la población colombiana y el deber de proteger y garantizar la vida", finalizó.