​-    Continúan las mesas de trabajo para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad.

Bogotá (D.C.), 6 de abril de 2017.- En el Ministerio de Salud y Protección Social se desarrolló la cuarta sesión de trabajo en el proceso participativo para reglamentar la orden décimo primera de la Sentencia T-573 de 2016 de la Corte Constitucional.

Este reglamento busca garantizar el acceso a información adecuada y suficiente para el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas con discapacidad y determinar las obligaciones de los actores del sector salud en el marco de dicho ejercicio de derechos.

La primera parte de la jornada de trabajo, realizada en sesión plenaria, tuvo como objetivo la socialización de experiencias exitosas en la construcción de herramientas que permiten identificar las necesidades de apoyo que presentan las personas con discapacidad. Se presentaron las experiencias de procesos liderados por Asdown Colombia, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Universidad del Rosario.

Dichas experiencias coinciden en que el proceso de valoración de apoyos debe estar centrado en la persona y debe buscar la identificación de aquellas características de su entorno social a través de los cuales pueden proporcionarse dichos apoyos.

La jornada estuvo caracterizada por un respetuoso y constructivo diálogo de saberes y experiencias, ambiente que contribuye a la construcción conjunta, nutrida por los desarrollos alcanzados por la academia, las organizaciones de personas con discapacidad y la cooperación internacional.

Durante la segunda parte de la jornada se adelantaron las sesiones ordinarias de trabajo por grupos, con el objetivo de avanzar en la construcción del articulado y del anexo técnico del proyecto de acto administrativo.

Durante la cuarta sesión de trabajo participaron representantes de entidades como el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), el Instituto Nacional para Sordos (INSOR), la  Red Universitaria para el Reconocimiento de los Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad (RUNDIS), Profamilia, el Programa de Acción para la Igualdad y la inclusión Social (PAIIS) de la Universidad de Los Andes, de las organizaciones de personas con discapacidad y de las diferentes dependencias del Ministerio de Salud y Protección Social.