​Bogotá D.C., 24 de marzo de 2023. El Grupo de Gestión Integral de la Promoción Social de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud, realizó la sexta sesión del Consejo de Personas Mayores, con el objetivo de presentar el Plan Nacional de Acción Intersectorial para la implementación de la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez.

El director de Promoción Social del Ministerio de Salud, Alex Ordoñez Argote, afirmó que se trata de un Consejo ampliado "porque además de los consejeros y consejeras oficiales que según el Decreto 163 de 2021 conforman el Consejo, se invitaron a las demás entidades firmantes del Decreto 681 de 2022 que adoptó la Política Pública Nacional de Envejecimiento y Vejez, y también a otras asociaciones, organismos de sociedad civil y academia y órganos de control que participaron en el proceso de construcción del plan de acción de la política pública".

Por ello uno de los principales retos del plan de acción, orientado a fortalecer el Consejo, es territorializar la política pública, desarrollarla a nivel nacional y promover su implementación con la activa participación de la sociedad y sus organizaciones. El mimo decreto 163, mediante el cual se crea el Consejo Nacional de Personas Mayores, reconoce la participación ciudadana como un fin esencial del Estado consagrado constitucionalmente.  

El diseño del Plan de Acción Intersectorial contó con las entidades nacionales competentes para dar cumplimiento a los 6 ejes de la política pública, con diferentes actores de la sociedad civil, como organizaciones sociales, académicas, territoriales, entidades territoriales, representantes de personas mayores, y entes de control como la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, y Contraloría; los cuales desde una prospectiva de 10 años se proponen realizar los objetivos de la PPNEV. 

Cabe destacar que el Decreto 681 de 2022, sobre política de envejecimiento y vejez fue diseñado bajo seis enfoques estratégicos: "Superación de la dependencia económica de las personas mayores; Inclusión social y participación ciudadana; vida libre de violencias; atención Integral en salud en atención a la dependencia y organización del servicio de cuidado; envejecimiento saludable para una vida independiente, autónoma y productiva en la vejez; y educación, formación e investigación para enfrentar el desafío del envejecimiento y la vejez".

En ese sentido, uno de los principales desafíos para la implementación del Plan es la articulación de acciones desde los diferentes actores del sistema de salud y desde otros ámbitos sociales para la inclusión, la participación, la salud, el buen vivir y la gobernanza. Cada acción del Plan debe contribuir a mejorar las condiciones de vida del adulto mayor y a garantizar la protección de sus derechos, reconociendo las características diferenciales y necesidades particulares, tanto en zona rural como urbana.

El desarrollo y ejecución del plan, de acuerdo con los lineamientos de la política pública, exige del compromiso permanente de las entidades vinculadas y del acompañamiento del Consejo y de la sociedad civil, para hacer seguimiento a su implementación, avances y desafíos.

El Estado colombiano además de cumplir con las disposiciones de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada a través de la Ley 2055 de 2020 y ratificada en septiembre del 2022 ante la OEA, tiene el deber de proteger los derechos humanos, garantizar una protección integral en salud, y promover políticas públicas para la inclusión, la dignidad y la plena realización de sus derechos sociales y humanos, brindando especial atención cuando el adulto mayor se encuentre en condición de vulnerabilidad. 

Para Ordoñez Argote, no solo estamos en la obligación de cumplir con la Convención, "además tenemos el reto de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la década del envejecimiento saludable 2021- 2030 declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos hacia las personas mayores y frente al proceso de envejecimiento".

El Gobierno Nacional tiene el deber de fomentar las capacidades del adulto mayor, empoderarlo ante su comunidad y garantizar que la atención que reciba sea integrada, desde un enfoque de derechos y de salud primaria bajo un sistema de cuidado a largo plazo.