Palmira, 18 de marzo de 2023. "El 80% de los trabajadores de la salud han sido precarizados por un sistema que recoge el segundo presupuesto del país", recordó la ministra.
El hospital de San Roque, hospital público de Palmira, es uno más de los muchos que fueron mercados por las deudas y la falta de financiación. Este Gobierno, aseguró Corcho, se propone fortalecer estas entidades, reponer los puestos de salud que se cerraron, llevarlos a los sitios más apartados, recuperar la infraestructura y garantizar la dignidad del personal de la salud.
"Los hospitales públicos atienden a un promedio de 18 millones de ciudadanos, y hay que fortalecerlos. Los colombianos no pueden seguir muriendo en silencio y resignación por carecer de recursos", enfatizó la titular de la cartera de salud.
Apoyo a la ministra y a la Reforma
En el coliseo abierto del colegio Cárdenas Mirriñao, de la ciudad de Palmira, en el Valle del Cauca, se llevó a cabo la audiencia pública "Reforma Estructural al Sistema de Salud", convocada por el representante a la Cámara Julián López, quien asistió con los congresistas Duvalier Sánchez y Alfredo Mondragón.
Durante la audiencia, también intervinieron el superintendente de salud, Ulahy Beltrán; el alcalde de Palmira, Óscar Escobar; la gerente del Hospital de Palmira, Blanca Liliana Fernández; y el gerente de la IPS Provida, Jefferson Ocoro Montaño.
El representante López aseguró que el debate de la reforma a la salud se desarrolla en medio de una realidad que niega el derecho establecido por la Constitución política de Colombia y también se refirió a la realidad financiera del sector hoy. "La deuda de las EPS supera los 23 billones de pesos, se han liquidado 18, hay 16 en proceso de liquidación, 10 son vigiladas y sólo dos generan utilidades", afirmó. También dijo que la salud es el quinto sector donde más se roban los recursos y enfatizó en que el 47% de las tutelas que se reciben en el país se relacionan con temas de salud".
Por su parte, el gerente de la IPS Provida, Jefferson Ocoro, habló de la medicina preventiva que debe, además, educar en salud y motivar la responsabilidad de los usuarios, acompañándolos en su proceso de atención, tratamiento y recuperación.
Como complemento, alcalde Oscar Escobar expuso ante los presentes el caso de Doña Amparo, una mujer que lleva dos años esperando que se le autorice una colonoscopia. Este caso ilustra la realidad del sistema, pese a las acciones y llamados frecuentes que se hacen desde la Secretaría de Salud y a los recursos de libre destinación: más de 8 mil millones asignados para cubrir los pasivos del hospital.
Por los derechos y la atención
El superintendente, Ulahy Beltrán, habló de las víctimas del sistema que, como doña Amparo, cuentan con afiliación, pero no con derecho ni acceso. Solicitó a la IPS que ha vulnerado a esta señora, actuar a la mayor brevedad, e indicó que al final del día se revisarán las acciones tomadas. Luego, se refirió al deber de transformar una realidad que ha llevado a muchas personas a la muerte o al deterioro en su estado de salud.
Y enfatizó acciones concretas que se tomarán como que "en próximas semanas, junto con la ministra, daremos a conocer una circular que muestra la firmeza en la sanción de los infractores del sistema. Ya no más mensajes que indiquen que con el dinero de la salud se puede hacer lo que les venga en gana", puntualizó.
Más adelante, la ministra se refirió a la situación puntual de departamento: "En el Valle del Cauca es esencial el trabajo de prevención en los espacios públicos, abordar los índices de salud bucal, llegar a los ciudadanos y ampliar el concepto de enfoque diferencial.
Y se comprometió con las propuestas que plantea el nuevo sistema al afirmar que "vamos a solucionar el 80% de los problemas de salud con este modelo que acude al hogar de las familias". Además, explicó que los Centros de Atención en Salud estarán asociados a las clínicas de mediana y alta complejidad para garantizar una atención integral.
Al final del evento, representantes y voceros de la sociedad civil, miembros del sindicato del HROB -Hospital Raúl Orejuela Bueno-, grupos de pensionados, colectivos feministas, personal del laboratorio clínico Burgos, del Centro Médico Santa Beatriz, de la IPS Home and Health, entre otros ciudadanos, expusieron sus preocupaciones frente al sistema de salud y presentaron algunas propuestas que esperan sean incorporadas al proyecto de ley.