Bogotá, D.C., noviembre 14 de 2012. El Gobierno Nacional estableció precios máximos de venta a 163 principios activos, que contemplan cerca de 8.600 medicamentos, al incorporarlos al régimen de control directo por parte de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, con el objetivo de salvaguardar la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Esto significa que dichos productos, con registro vigente en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), ingresan a éste régimen y no podrán ser vendidos en el canal institucional a un precio superior al establecido.

Al mismo tiempo, esta decisión guarda coherencia con la Política Farmacéutica Nacional expedida recientemente por el Conpes, y con la preocupación de los colombianos reconocida  por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, sobre los altos costos de algunos medicamentos que se comercializan en el país.

 

Algunos de estos medicamentos controlados son utilizados en el tratamiento de enfermedades como cáncer, hipertensión, insuficiencia cardíaca, epilepsia, depresión, alzhéimer y artritis, entre otras.

Esta medida fue adoptada tras una reciente decisión del Consejo de Estado, que admitió una demanda y decidió suspender provisionalmente las resoluciones que establecían límites a los recobros, lo que algunos prestadores de servicios de salud interpretaron como una oportunidad para volver a recobrar al Fosyga a precios superiores.

El Gobierno había expedido las medidas de control, cuestionadas ante el Consejo de Estado, cuando el monto alcanzado por los recobros fue de $2.4 billones de pesos en el 2010, momento en el que no eran regulados y habían crecido a tasas injustificadas del orden del 66% anual, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema de salud colombiano.

 

Estas medidas lograron detener el crecimiento de los recobros durante 2011 y 2012 y permitieron un ahorro cercano al 15% respecto al máximo observado en 2010 en los medicamentos objeto del control.

 

El Gobierno Nacional prepara la defensa jurídica de los actos administrativos acusados ante el Consejo de Estado, una vez sea notificado de manera oficial de la decisión de dicho Tribunal.