Bogotá D.C., 15 de diciembre de 2025. El Ministerio de Salud y Protección Social, reitera que el cálculo de UPC se realiza a partir de la información de costos y servicios reportada por las EPS. Este proceso de hace de manera rigurosa y tiene en cuenta todos los factores que permiten designar los recursos suficientes para el aseguramiento de los colombianos. En esa medida, por ser el ente rector para hacer los análisis y cálculos correspondientes, no reconoce y cuestiona las solicitudes de aumento de porcentajes a la UPC que proponen agremiaciones como ACEMI y la ANDI bajo supuestos argumentos como la siniestralidad, los rezagos y la eliminación de datos.
Quienes han defendido los intereses de los empresarios y representan a las EPS, particularmente ACEMI y la ANDI, hoy plantean una discusión alrededor del cálculo y la asignación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) e insisten de manera reiterada que los recursos destinados a la salud de los colombianos son insuficientes. Bajo esta idea, proponen un aumento de la UPC entre el 15% y el 17%, desconociendo los hallazgos oficiales que evidencian que la crisis del sistema de salud no obedece a una falta de recursos, sino al manejo inadecuado e irresponsable que las EPS han hecho históricamente del dinero público.
En ese sentido, en comunicado de prensa, la ANDI plantea que las EPS operan en rojo porque, según ellos, la UPC es insuficiente, que el sistema de salud está en crisis de financiamiento y para estabilizarlo necesitan el aumento del 15% de UPC, siendo esos mismos empresarios que hoy exigen más recursos públicos, los que dejaron de pagar el aporte patronal a la salud de los trabajadores desde 2014. Este incumplimiento generó un vacío financiero que el Estado tuvo que cubrir, obligando a destinar más de 32 billones de pesos adicionales, que hoy pagan los ciudadanos vía impuestos. Es inaceptable que quienes incumplieron sus obligaciones ahora reclamen más dinero público sin asumir ninguna responsabilidad.
Resulta grave también que estas agremiaciones continúen señalando al Estado como responsable del supuesto desfinanciamiento, cuando el propio Gobierno Nacional ha identificado fallas estructurales derivadas del uso indebido de los recursos por parte de las EPS que ellas representan. Durante más de dos décadas, los gobiernos se han visto obligados a intervenir o liquidar EPS por falta de solvencia económica, demostrando que el problema no es la UPC, sino un modelo de administración sin controles efectivos, sin regulación suficiente y con escasa auditoría.
Recientes estudios adelantados por el Gobierno Nacional, en cumplimiento de los Autos de la Corte Constitucional, han revelado hechos alarmantes que no pueden ser minimizados ni ocultados. Se han identificado pagos por prestación de servicios a personas fallecidas por más de 2,3 billones de pesos, así como sobrecostos absurdos en medicamentos, llegando a pagar tratamientos de bajo costo a precios hasta cientos de veces superiores a su valor real. Estas prácticas no solo constituyen un desfalco a los recursos públicos, sino que evidencian un patrón sistemático de desvío y despilfarro del dinero destinado a la salud de los colombianos. Estos hechos ya están en conocimiento de los organismos de control, que deberán establecer las responsabilidades penales, fiscales y disciplinarias correspondientes.
Contrario a lo que afirman ACEMI y la ANDI, los análisis oficiales del Ministerio de Salud demuestran que de cada 100 pesos asignados por UPC se ejecutan entre 85 y 97 pesos. Esto desmiente la narrativa de una supuesta siniestralidad desbordada y confirma que el gasto de las EPS no supera los recursos que reciben. Insistir en eso es engañoso y busca instalar una percepción de crisis financiera inexistente para justificar mayores giros de recursos públicos.
No se puede olvidar que ya existen sentencias judiciales y antecedentes, como las condenas a exdirectivos de SaludCoop, por prácticas como el cobro de sobrecostos, el ocultamiento de facturas y el pago por servicios a personas fallecidas. Estos hechos activaron seguimientos de la Corte Constitucional y demuestran que las irregularidades denunciadas no son nuevas ni aisladas, sino parte de prácticas reiteradas dentro del sistema.
En este contexto, proponer un aumento desproporcionado de la UPC, sustentado en análisis sesgados y en el uso selectivo de información oficial, constituye un intento de inducir a error a la institucionalidad del Estado. Pretender que el Gobierno adopte estas recomendaciones para equilibrar las finanzas de las EPS, sin corregir las prácticas que generaron la crisis, podría configurar conductas que deben ser investigadas por las autoridades competentes.
Bajo ese panorama, es necesario destacar que el Ministerio de Salud y Protección Social ha realizado, desde 2022, la mayor inversión en salud de los últimos 20 años. Se han destinado más de 8 billones de pesos a infraestructura, dotación, equipos básicos, transporte asistencial y programas de promoción y atención primaria, llevando servicios a regiones históricamente abandonadas. Este esfuerzo ha sido posible gracias a un incremento real de más de 25 billones de pesos por encima de la inflación y al aumento de 1,4 puntos del PIB del Presupuesto General de la Nación para la salud.
La insistencia en aumentar la UPC por parte de ACEMI y la ANDI, no responde al interés de garantizar el derecho fundamental a la salud, sino a la intención de mantener un modelo que ha permitido el uso indebido de recursos públicos. La verdadera discusión debe centrarse en la transparencia, la rendición de cuentas y la transformación estructural del sistema, y no en seguir trasladando a la ciudadanía el costo de los errores y abusos de empresarios, gremios y farmacéuticas que no han manejado correctamente el dinero público de salud del país.
Colombia tiene quien la cuide