Bogotá, 04 de diciembre de 2025. El Ministerio de Salud y Protección Social considera necesario aclarar a la opinión pública que las proyecciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), una entidad que no es experta en sistemas de salud, presentadas en su informe “Análisis de las presiones fiscales del sector salud de Colombia y del proyecto de reforma 410 de 2025”, parten de supuestos incompletos que no reflejan la estructura real ni los objetivos del proyecto de ley que propone este Gobierno para transformar el sistema de salud. Un análisis técnico riguroso debe evaluar la nueva arquitectura del sistema, no extrapolar las dinámicas del modelo actual, cuya ineficiencia y fragmentación se buscan corregir.

En consecuencia, este ministerio considera indispensable contextualizar lo que las proyecciones omiten o interpretan de manera parcial.

En primer lugar, el análisis del CARF parte de una premisa que ya no es válida: entender la reforma como si se tratara exclusivamente de ampliar la oferta de servicios del sistema actual. El informe desconoce que el corazón del proyecto es una estrategia de prevención basada en Atención Primaria en Salud (APS) y gestión anticipada del riesgo.

Este cambio reduce en el mediano plazo la presión sobre los servicios de mediana y alta complejidad y permite planear con mayor eficiencia el gasto sanitario. Ignorar el efecto del modelo preventivo conduce a conclusiones fiscalmente sesgadas y alejadas del funcionamiento real del modelo propuesto. De hecho, el informe reciente sobre gastos en salud del Banco Interamericano de Desarrollo, sostiene que el 17% del gasto en hospitalizaciones en Colombia obedece a causas prevenibles, lo que equivale a 1,7 billones de pesos al año. Este monto se evitaría gradualmente con un nivel primario fortalecido como el que propone la reforma.

Por otro lado, el CARF proyecta la UPC a partir de la historia reciente del sistema, sin considerar la dinámica demográfica, epidemiológica y tecnológica del país ni la eficiencia que introduce la reforma. Proyectar la UPC bajo los parámetros del modelo actual —que arrastra sobrecostos, ineficiencias administrativas y un manejo discrecional de los recursos por parte de las EPS— es un error metodológico.

Basta con evidenciar las fallas estructurales del actual sistema consignadas en el informe del Banco Interamericano de Desarrollo publicado en septiembre de 2023: Colombia destina un 5,4% de los recursos de la  salud a gastos administrativos —muy por encima del promedio de la OCDE (3,5%)—, y enfrenta un gasto farmacéutico entre 4 y 7 puntos porcentuales mayor al de otros países, con márgenes mayoristas del 20%. Reproducir estas cifras en las proyecciones fiscales de la reforma perpetúa un nivel de gasto que el proyecto de ley del Gobierno de la Vida corrige.

Asimismo, el análisis atribuye a la reforma gastos que, en cualquier caso, deben realizarse en el sistema de salud, independientemente del modelo institucional. La modernización de la red pública, la actualización tecnológica y la atención de pasivos históricos son inversiones necesarias después de décadas de rezago. Estos costos no deben trasladarse a la proyección del proyecto de ley pues no derivan de la reforma, sino de la obligación mínima del Estado de garantizar infraestructura digna para la atención de toda la población.

Las proyecciones del CARF reproducen mecánicamente los costos de un sistema que opera con una eficiencia muy limitada. El documento tampoco incorpora la nueva arquitectura institucional del sistema bajo la reforma: el papel central de la ADRES como administradora única de recursos, la reorganización de la red pública, la interoperabilidad del sistema de información, ni la importancia del liderazgo territorial en la gestión sanitaria. Se defiende la idea de un “sistema descentralizado”, pero manteniendo los canales centralizados de intermediación de las EPS, que hoy restringen el acceso y dificultan el seguimiento del gasto.

En este sentido, el CARF tampoco parece tener presente el Sistema de Gestión para el manejo eficiente de los recursos que establece la reforma, una herramienta central para corregir las ineficiencias históricas del sistema. Este mecanismo articula la planeación territorial del gasto, la contratación basada en resultados, el control de precios y tecnologías, la reducción de servicios innecesarios, la auditoría concurrente y la interoperabilidad del dato clínico y financiero. Su propósito es eliminar sobrecostos, mejorar la trazabilidad y la transparencia en el uso los recursos, así como garantizar que cada peso invertido genere valor en salud.

Adicional, el documento ignora los avances del país en una política integral de impuestos saludables, que además de prevenir enfermedades de alto costo, genera recursos adicionales y estables para el financiamiento del sistema. Esta fuente tributaria reduce la presión futura sobre el gasto sanitario y fortalece la sostenibilidad del sistema basado en el aseguramiento social que plantea la reforma.

Por último, el análisis desconoce una premisa básica: el derecho fundamental a la salud no se limita a la atención en servicios, sino a garantizar que la población esté sana. Este enfoque es la herramienta fiscal más eficaz en cualquier sistema de salud moderno. Además, pasa por alto un hecho incontrovertible: los costos en salud aumentarán más de un punto del PIB en los próximos años bajo cualquier modelo, debido a los cambios demográficos, el envejecimiento, la innovación tecnológica y la transición epidemiológica. La pregunta no es si el gasto crecerá, sino si lo hará en un sistema que corrige sus ineficiencias o en uno que las perpetúa.

Si bien el CARF aporta insumos al debate, sus cifras parten de supuestos que no corresponden al diseño de la reforma, un análisis entendible dado que se trata de una entidad financiera que no cuenta con experticia en sistemas de salud. La propuesta del Gobierno no representa un salto al vacío fiscal, sino una transición ordenada hacia un sistema más eficiente, moderno, equitativo y sostenible.

El Ministerio de Salud y Protección Social reafirma su compromiso con un debate técnico, serio y responsable, orientado a garantizar un sistema de salud que llegue a todos los territorios, priorice la prevención y proteja el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos.

Colombia tiene quien la cuide