"Los cobros indebidos crearon una burbuja"

 

SEMANA: Los problemas no solo son en las finanzas sino en los abusos del sistema ¿que la Corte Constitucional le dé al gobierno un ultimátum de 20 días para entregar un plan para controlar la corrupción en el sector salud a través de pagos ilegales significa que nada se ha hecho?

A.G.: El pronunciamiento de la Corte fue en varios sentidos. En efecto en uno pide revisar el sistema de los cobros que nos hacen las EPS de servicios que ya prestaron, que es donde se han detectado irregularidades. En eso estamos trabajando. Pero lo que nos inquieta es que en otro ordena igualar lo que el Estado paga en los regímenes contributivo y subsidiado. Esto tiene un impacto fiscal superior a los 2 billones de pesos anuales. Pediremos la aclaración y la revisión de algunos de los seis autos que profirió. En algunos casos las órdenes no son claras; en otros, son contradictorias y podrían implicar incluso un detrimento patrimonial para la Nación.

SEMANA: La salud está prácticamente en quiebra y en parte es porque el gobierno no gira. ¿Qué va a cambiar? ¿Van a pagar?

A.G.: El gobierno sí gira, pero la situación es difícil. A lo largo de varios años, como consecuencia, en parte, de una sentencia de la Corte, las EPS acumularon casi 2 billones de pesos en cobros que fueron rechazados, que es lo que se conoce como recobros glosados. Algunas empresas pensaron que todos estos recobros se iban a pagar. Nunca hicieron provisiones. Ahora debemos decidir de una vez por todas lo que se puede pagar, y girar los recursos directamente a los hospitales.

SEMANA: ¿Eso quiere decir que no van a pagar los cerca de 2 billones que las EPS le cobran al Sistema de Salud?

A.G.: Hay más de 500.000 casos que estamos revisando, para resolver qué debe pagarse. En julio, el gobierno dijo que se iban a pagar 750.000 millones de pesos. El valor pagado va a ser inferior a este monto, seguramente cercano a los 400.000 millones. Esos pagos fueron rechazados, porque en criterio de algún auditor no cumplieron ciertos requisitos  formales como la firma de un papel, o involucraban medicamentos o dispositivos que hacían parte del plan de salud, por lo que no se podían pagar. También había otros que claramente bordeaban en la ilegalidad.

SEMANA: ¿Qué tipo de excesos han encontrado?

A.G.: El país vivió una fiesta con los recobros. Se presentaron todo tipo de abusos. Colombia tiene los mayores consumos por habitante del mundo en algunas medicinas de alto costo y en ciertos dispositivos médicos. Por ejemplo, un tipo específico de implante auditivo que se vende en Europa a 3.000 euros, se recobra en Colombia a 21.000 y acá era el lugar del mundo donde más se vendía. Todo esto es pagado con recursos públicos. La crisis actual es en parte el resultado de los excesos del pasado. Muchas empresas le apostaron a que el Estado iba a pagar todo. Sobre esta base crecieron y lo que hicieron fue crear una burbuja financiera, pues en la práctica hoy solo tienen unas facturas sin ningún valor.

SEMANA: ¿Anunciar que no se va a pagar ni la tercera parte de las pretensiones profundizará la crisis económica de la salud?

A.G.: Probablemente. Pero toca sincerar las cuentas, acabar de una vez por todas con las ficciones contables. El crecimiento de los recobros generó grandes distorsiones. Hoy los principales ingresos de muchos hospitales son por intermediar medicamentos y no por los servicios de salud que prestan. Desde un punto de vista económico, funcionan más como farmacias.

SEMANA: Con esta medida seguro se van a quebrar varias EPS

A.G.: Insisto: es el momento de sincerar los balances, de aclarar las cuentas. Algunas quedarán mal paradas, pero no todas.

SEMANA: El país se ha metido la mano al bolsillo para salvar otros sectores. Seguro algunas de estas EPS pedirán ayuda excepcional ¿qué va a hacer el gobierno?

A.G.: Pagaremos lo que se puede pagar. Y se hará pronto. Esa es la posición del gobierno. Es un momento de depuración. En compañía de la Superintendencia Financiera estamos dándole los últimos ajustes a un decreto que les impone a las EPS unos requisitos de solvencia patrimonial y reservas técnicas. Habrá un período de transición, pero todas tendrán que cumplir.

SEMANA: ¿Qué va a pasar con los afiliados de las EPS que no logren cumplir?

A.G.: Se trasladarán a las que cumplan. Los requisitos financieros van a servir de cedazo para depurar el sistema. Es una medida que había anunciado el mismo presidente hace ya un tiempo. Es una primera medida, de varias que vienen para el sector.

SEMANA: ¿Se va a reformar la Ley 100?

A.G.: No. Lo que trabajamos con el Congreso es una ley estatutaria que regula el derecho, que define el ‘qué’. Esta ley protegerá y reglamentará el derecho fundamental a la salud. La idea es evitar los abusos del pasado. La idea es que se resuelva qué se quiere cubrir en materia de salud y definir los mecanismos no judiciales de resolución de conflictos, para evitar lo que pasa ahora que se administra la salud vía tutela. Aspiramos a que este año se le dé al menos un debate. Para el próximo año presentaremos una ley ordinaria, que define el modelo, el ‘cómo’.

SEMANA: ¿El modelo es lo que afecta directamente a las EPS?

A.G.: Así es. Esta ley ordinaria tendrá que definir su futuro y qué papel van a tener. Hay tres modelos, el de un fondo pagador único estatal, el de las EPS como administradores y el de las EPS como aseguradoras. Ninguno es perfecto. Todos tienen problemas. El primero, es similar al actual con la diferencia de que el Estado negociaría directamente las cuentas. En el segundo puede haber la suspicacias de que si no se presta un buen servicio es porque esos ahorros se traducen en ganancias para el asegurador. Esto no sucede en el tercer modelo, pues el ingreso del administrador no depende de los ahorros que logre el sistema, pero ese es precisamente el riesgo, que si no se hace un buen contrato sea un pagador con chequera ajena. Percibo que el modelo intermedio, el de las EPS como administradoras, es el que más apoyo tiene.

SEMANA: ¿No es contradictorio hacer exigencias financieras a las EPS en un momento de inestabilidad normativa?

A.G.: Por lo mismo se contempla un periodo de transición. Pero estamos en un momento de definiciones. No tenemos alternativa distinta a imponer algunos requisitos financieros razonables al mismo tiempo que se discuten las reformas que necesita el sector.

SEMANA: Está probado que en este tipo de debates, la llamada bancada de la salud, que es el grupo de congresistas que bajo cuerda representan el interés de las EPS, tiene mucho pulso, ¿cómo ve el ambiente político para todos estos cambios?

A.G.: Yo veo un ambiente favorable. Hay también una conciencia sobre la necesidad de cambios de fondo. En salud, el statu quo es indefendible. Los problemas son muy profundos y el sistema necesita cambios sustanciales. Por supuesto hay muchos intereses, de las EPS, de las farmacéuticas, de los médicos, de los hospitales…

SEMANA: Muchos de los hospitales son prestadores de servicios para los más pobres a través del Sisben, donde existen otros líos...

A.G.: Sí, en el régimen subsidiado también hay también muchos problemas. En general, las empresas buenas están de salida y las malas están intervenidas al tiempo que la cartera de los hospitales públicos está creciendo. Tenemos un proyecto de ley, el llamado proyecto de ley de cuentas maestras, cuyo fin preponderante es salvar la red pública de hospitales liberando unos recursos de cerca de 2 billones de pesos. En el mediano plazo, tiene que haber una depuración en el régimen subsidiado. Por ejemplo, las entidades territoriales a través de las secretarías de salud, deberían jugar un papel clave en su administración. Así ocurre en todos los países que tienen esquemas similares.

SEMANA: Esto se traduce en muchos recursos trasladados a las regiones, ¿no es alto el riesgo de corrupción?

A.G.: Es cierto, existe un riesgo. Pero si la descentralización no funciona, nunca podrá funcionar el régimen subsidiado y no será sostenible la red pública de hospitales.

Sábado 24 Noviembre 2012