Por cuenta del lío en el sistema de salud del país la vida de Mauricio Santa María ya no es la misma. Su seguridad personal se incrementó por temor a eventuales amenazas, que aunque no se han manifestado en forma directa, lo llevaron a tomar mayores medidas de prevención.

 

La olla podrida que se sigue destapando a través de las investigaciones de la Fiscalía lo obligaron a eso. “Directamente no he recibido amenazas, pero sí debí incrementar la seguridad porque mi preocupación por el tema es muy grande”.

 

Y no es para menos, pues la Fiscalía ha seguido y seguirá auscultando con vehemencia a las EPS que están involucradas en el desfalco a la salud, que de acuerdo con los primeros reportes, supera los $34.000 millones.

 

El jueves pasado, por ejemplo, se informó que alrededor de 11.000 recobros que se les autorizaron a las EPS en los últimos cuatro años fueron irregulares. Las investigaciones toman fuerza.

 

Santamaría, Máster y PhD en economía hizo una pausa en su extensa jornada laboral y el contó a El País lo que se propone el Gobierno para recuperar el sistema de salud.

 

Hay sectores que piensan que se debe arrasar con el sistema de salud, ¿está de acuerdo?
No, lo peor sería eso, hay que seguir haciendo las correcciones que están en camino. Y estamos comprometidos en arreglarlo, pero la peor de las alternativas es arrasar con el sistema.

¿De qué tamaño es la magnitud del problema del sistema de salud?
Mire, yo no puede decir nada hasta que las investigaciones sobre los recobros y sus enmendaduras finalicen, pero todo ese tipo de cosas que se han mencionado no significan nada hasta que sean parte de una investigación y se conviertan en pruebas concretas. Aún así, el Gobierno irá hasta el final y tratará de que todos los actores que están involucrados terminen pagando o compareciendo en la justicia.

Reformar el sistema es clave, pero ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno?
Le estamos apuntando a un sistema general de salud que se base en el aseguramiento, pero que no tenga las fallas que tiene el modelo actual. En eso estamos concentrados. Las fallas son profundas y se han ido agravando a través de los años, pero no hay duda que se deben corregir. En otras palabras, ya lo estamos simplificando.

¿Simplificarlo significa también eliminar el Fosyga, dado los graves problemas que generaron los recobros?
Ese es uno de los temas centrales, aunque debo decir que el sistema de recobros no hace parte del sistema y por eso es que ha funcionado tan mal. A los recobros es lo primero que hay que meterle ‘el diente’ porque han sido un problema muy grave que se ha generado por la existencia de otros líos. Entre ellos están la falta de un plan de beneficios actualizado y de una regulación apropiada para el tema de los servicios que están por fuera. A todo ello se debe sumar el tema de vigilancia para auditar el pago de los recobros.

No me respondió Ministro... ¿eso implica la desaparición del Fosyga?
Se lo respondo así: El Fosyga fue un instrumento que se creo en 1993 para administrar los recursos del sistema, es decir, todos los recursos que se perciben por cotizaciones al sistema, pero es claro que se necesita una figura similar al Fosyga que actúe como pagador y que distribuya los recursos entre los prestadores y las instituciones que participan.

 

Ese instrumento se tendrá que limitarse a las funciones de pagador, porque lo que respecta a las auditorías médicas y de costos las deben hacer otras instituciones. En eso también nos debemos enfocar.

 

¿Eso quiere decir que el pagador ya no será el Fosyga?
Pues no sé, pero debe funcionar de manera diferente a como funciona ahora. Tiene que tener auditorías separadas y más fuertes.

 

¿Y seguirá bajo la batuta del Ministerio o funcionará como entidad independiente?
Hoy, el Fosyga es un fondo, y lo queremos convertir en una unidad especial administrativa. Como fondo está adscrito al Ministerio de la Protección Social, pero si pasa a ser unidad especial administrativa la idea es que sea mucho más transparente en el tema de las auditorías. Además, ejerceremos un mayor control.

 

¿A propósito de controles, como va el plan que dispuso el Gobierno en materia de precios de medicamentos?
Los precios dependen de la regulación que el Gobierno haga, pero le quiero decir que la estamos haciendo. De hecho ya impusimos controles a los precios dentro de los recobros y gracias a ello hemos alcanzado un ahorro cercano a los $200.000 millones en los últimos tres meses.

 

¿Qué tipo de controles?
Impusimos un tope a los precios de 1.200 medicamentos y ahora vendrá una reglamentación importante que saldrá en agosto. Se presentará una política encaminada a garantizar el acceso a la calidad, así como una mayor transparencia en el tema de los precios.

 

¿Siguiendo con los controles, cuándo se reducirá el número de EPS, pues funcionan 72 en el país?
Sí así es. Lo que vamos a hacer es dejar en servicio algunas. Las que queden serán sometidas a una vigilancia estricta para asegurar que presten un servicio de calidad y se comporten de manera aceptable dentro del sistema, es decir, que paguen a tiempo y que tengan una gestión del riesgo importante. Próximamente expediremos un decreto de habilitación en el que se hará una descripción importante de los requisitos que tendrán que tener las EPS para operar.

 

¿Cuántas van a desaparecer?
Esperemos a que salga el decreto y hablamos de ello, pero en principio le diría que quedarán muchas menos.

 

¿Pero Ministro, muchas menos pueden ser 50, 60... cuántas?
No, no le puedo decir ahora, esperemos a que salga el decreto.

 

Tenemos previsto expedirlo para finales de julio o principios de agosto. En esencia se habilitarán las EPS que operen con criterios establecidos en número mínimo de afiliados, de gestión del riesgo eficiente, de la prestación de un servicio de calidad y de una buena gestión financiera.

 

Hay quienes opinan que también se debe simplificar tanta sigla, como EPS, IPS y dejar un sistema simple, ¿Qué opina?
Pues es que eso es lo que existe hoy. Un sistema subsidiado para las personas sin capacidad de pago y, otro, el contributivo, para las personas con capacidad de pago. Nosotros queremos que todo el mundo tenga la misma calidad en el servicio. Nuestra meta es la unificación de los sistemas, sin importar si usted viene de allá o de acá. El objetivo es que todos los usuarios reciban la misma calidad en el servicio.

 

¿De los 46 millones de habitantes que tiene el país cuántos tienen salud?
La cifra es cercana al 95% y eso es un logro de este sistema.

 

¿Y cuándo tendremos el 5% restante?
El próximo año, pero para ello debemos empezar con el tema de la unificación de los dos regímenes, que los planes subsidiado y contributivo sean los mismos para que no haya diferencias en el acceso al servicio de salud.

 

¿Le preocupa el nuevo sindicato de Saludcoop?
La verdad es que es un tema que nos tiene preocupados, pero no vamos a permitir que trucos de esa naturaleza interfieran con los objetivos que tiene la intervención de la salud.

 

¿Pero hay directivos de Saludcoop en ese sindicato?
Lo que hemos visto que hay algunos directores regionales, pero no otro tipo de directivos. La verdad es que es algo complicado y habrá que analizarlo con mucho cuidado, pero le repito que no vamos a dejar que interfiera con la calidad en el servicio de la salud, ni en un sistema de salud transparente.

 

¿La preocupación de los usuarios es si la atención se verá perjudicada por las investigaciones de la Fiscalía?
No. El sistema seguirá operando normal aún con las investigaciones en marcha. Mientras avanzan el servicio se seguirá prestando con normalidad y los proveedores seguirán recibiendo los pagos.

 

¿Ha recibido amenazas?
Directamente no, pero sí se he incrementado todo el tema de seguridad porque la preocupación en ese sentido es muy grande.