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Información General: 
 

En el mes de Enero del año 2.003 fue sancionada la ley 797, que en su artículo 15 establece lo siguiente: LEY 797- ARTÍCULO 15. SISTEMA DE REGISTRO ÚNICO. Corresponde al Gobierno definir el diseño, organización y funcionamiento de: a) El registro único de los afiliados al sistema general de pensiones, al sistema de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales, al Sena, ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar, y de los beneficiarios de la red de protección social. Dicho registro deberá integrarse con el registro único de aportantes y la inclusión de dicho registro será obligatorio para acceder a los subsidios o servicios financiados con recursos públicos a partir de su vigencia; b) El sistema que permita la integración de los pagos de cotizaciones y aportes parafiscales a las entidades mencionadas en el inciso anterior, así como los demás aportes previstos para el sistema de seguridad social y protección social. 

El Registro Único de Afiliados RUAF, es un sistema de información que contiene el registro de los afiliados al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales), a Subsidio Familiar, a Cesantías, y de los beneficiarios de los programas que se presten a través de la red de protección social, tales como los que ofrecen el Sena, ICBF, Acción Social y otras entidades, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 797 del 2003. El sistema permitirá el flujo de información entre los actores del Sistema, respetando la confidencialidad de la información y el rol de cada uno de los administradores.  

Con el objeto de reglamentar el artículo 15 de la Ley 797 del mes de Enero año 2.003, sobre el SISTEMA DE REGISTRO ÚNICO, se expidió el Decreto 1637 de mayo 26 de 2006, el cual determinó las condiciones básicas para la organización y funcionamiento del Registro Único de Afiliados al Sistema de la Protección Social.
A través de la Resolución 2358 de junio de 2006, se fijaron las especificaciones técnicas para el cumplimiento de la obligación por parte de las administradoras de reportar la información al Registro Único de Afiliados RUAF y se fijaron los plazos para su entrega. En particular se definieron las especificaciones técnicas de los archivos que deben reportarse y se establecieron los períodos y plazos de cargue inicial y de novedades.
 

Con base en los resultados de la etapa de pruebas y con el objeto de facilitar la labor de las diferentes administradoras, se decidió prorrogar los plazos de reporte de información, inicialmente a través de la Resolución 2947 de agosto de 2006 y posteriormente con la Resolución 4168 de noviembre 3 de 2006. 

Igualmente, ante la necesidad de adaptar la estructura y contenido de los archivos a los nuevos requerimientos y a las condiciones identificadas en las pruebas, se actualizaron los anexos técnicos del Registro Único, por medio de la Resolución 4316 de noviembre de 2006. 

Finalmente, dadas las dificultades presentadas en los procesos de validación y cargue de los archivos definitivos, se fijó un nuevo plazo de reporte de información, tanto de los archivos iniciales como de las novedades, decisión que se tomó a través de la Resolución 006 de enero 2 de 2007. 

En consecuencia, se espera que durante el mes de enero de 2007, las administradoras del Ciclo 1 y el mes de febrero de 2007, las administradoras del ciclo 2, en concordancia con las fechas y las condiciones previstas en esta última Resolución se realice el cargue de los archivos iniciales. 

El RUAF deberá convertirse en un instrumento que integre los diferentes componentes del Sistema General de Protección Social y facilite la interrelación entre sus diferentes procesos de afiliación, movilidad y asignación de beneficios. En particular deberá servir, entre otros, para:
Identificar y controlar la multiafiliación, en los términos previstos por la Ley, identificar y controlar la evasión y elusión de aportes, manteniendo un registro actualizado de los aportantes y beneficiarios.
 
Facilitar los procesos de afiliación y traslado.
Identificar las condiciones que permitan acceder a los subsidios o beneficios de la Protección Social.  
Disponer de una herramienta efectiva que contribuya a la formulación de políticas, estrategias de control y permita la racionalización en el uso de los recursos del sector.